La votación del martes en Alcoa permitió (con un 90% de los votos) que salga adelante el acuerdo por el que la planta de aluminio coruñesa, así como la de Avilés, seguirán funcionando hasta el 1 de julio mientras se busca un comprador para ellas. Es es el plazo de tiempo que tiene el Gobierno central para reformar el marco eléctrico y reducir el precio del megawatio, haciendo que las empresas electrointensivas sean más competitivas. “Ese es otro compromiso que el Gobierno toma como propio”, aseguró Losada.
Abaratar costes para las empresas permitirá garantizar la actividad industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo, según Losada. “Se buscará la colocación de todo el personal Tenemos que felicitarnos todos por el preacuerdo y por el hecho de que haya tenido el refrendo de los trabajadores”, insistió, calificándolo de buena noticia, puesto que la empresa pretendía echar el cierre y dejar en la calle a 383 trabajadores solo en A Coruña.
El acuerdo con la multinacional también incluye una inversión de 20 millones de euros por parte de Alcoa para mejorar las instalaciones, así como una serie de derechos sociales (prejubilaciones y recolocaciones) para los trabajadores.
Pero, por otro lado, el delegado del Gobierno recordó que todavía queda mucho por hacer: “Hemos ganado el partido de ida, a ver cómo sale la vuelta”. Porque todos tienen pendiente que el tiempo corre, y eso se refleja en las reacciones de los partidos de la oposición, que urgen al Gobierno a tomar las medidas prometidas cuando antes.
Propuestas de la oposición
Por ejemplo: el PP ya ha anunciado que la próxima semana defenderá en el Parlamento autonómico una proposición no de ley, para demandar una respuesta inmediata a la propuesta consensuada con la industria electrointensiva gallega para establecer un marco eléctrico estable y un precio competitivo a las empresas. El portavoz del grupo popular, Pedro Puy, aclaró que la propuesta incluye que se definan los diferentes tipos de empresas consumidoras de electricidad, la reducción de un 90’% de los peajes de acceso a los costes de transportes, que se convoquen ayudas compensatorias por los costes de emisiones directas de CO2 y un estudio de pérdidas técnicas de energía.
El BNG va más lejos y pretende impulsar una proposición de ley para conseguir un marco energético propio, con dos elementos clave: una tarifa estable para las electrointensivas y otro para reducir un 15% la factura de la luz tanto para las pymes como para las familias.
Esa tarifa específica para electrointensivas, advirtió su portavoz nacional, Ana Pontón, no puede ser un cheque en blanco para las empresas, sino que debe estar ligada a un plan de inversiones y a la creación de empleo por parte de la patronal.