La gestión de las multas por Emvsa enfrenta al Ayuntamiento y el BNG

El encargo a la empresa municipal de vivienda, Emvsa, para que gestione la recaudación de las multas en el período de pago voluntario desató ayer la polémica en la oposición. En el BNG acusan al gobierno local de estar pagando a Emvsa por un trabajo que, al final, está realizando el personal del registro municipal. Pero en la Administración municipal insisten en que en el convenio no hay ningún tipo de irregularidad, y recuerdan que Emvsa tiene su propia oficina de atención al público.
En el BNG sostienen que, en base al acuerdo que se llevó a junta de gobierno para la encomienda a la empresa municipal de vivienda de esta tarea, se establecía que esta tendría que “prestar a debida atención ao público nas oficinas de Emvsa”, y facilitarles los documentos necesarios para hacer efectivo el pago de las multas. A cambio, la empresa municipal recibió 30.008 euros en 2013, y está previsto que se lleve en los próximos años un 15% de lo recaudado por las sanciones.
“O feito de que este traballo siga a realizalo o persoal municipal no canto de Emvsa implica que estamos pagando dobremente polo mesmo servizo: por unha banda, ao funcionariado do Rexistro que segue realizando o labor de emitir as cartas de pagamento das multas e, por outra, á empresa municipal por unha encomenda que non está a cumprir”, denunciaron los nacionalistas, que califican el acuerdo aprobado en la junta de gobierno del 24 de julio del año pasado de “fraude”.

más eficacia
El Ayuntamiento anunció esta encomienda como una forma de mejorar la recaudación de las multas en el período voluntario. Según informó ayer el gobierno local, en lo que va de año se tramitaron ya 10.000 expedientes gracias a este convenio con Emvsa.
Sobre el hecho de que sea el registro municipal el que está soportando parte de la carga de las multas –en el BNG hablan de “colapso” en este oficina–, en la Administración municipal aclaran que legalmente las personas con una denuncia pueden acudir tanto a este registro, como al de cualquier otra administración pública, e insisten en la defensa de la “legalidad” de la encomienda que se realizó a la empresa municipal.