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miércoles | 24 abril | 2024
La antigua prisión provincial está a las puertas de conmemorar el centenario de la colocación de su primera piedra en 1925 pero, dado el estado en el que se encuentra debido a décadas de abandono, parece no tener mucho que celebrar. Después del proyecto fallido llevado a cabo en el anterior mandato, el Ayuntamiento pedirá ahora a la Xunta que declare Bien de Interés Cultural la infraestructura para conseguir, de esta forma, que el Estado –propietaria del inmueble a través del Ministerio del Interior– se comprometa a su mantenimiento y a la apertura al público.
Así lo acordó esta semana el pleno de la corporación tras aprobar una moción presentada por el BNG que contó con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP, que indicó que “el asunto está ahora en manos del Tribunal Supremo –debe decidir si el inmueble pertenece al Ayuntamiento o al Estado– por lo que la declaración del BIC ahora no tiene sentido porque lo lógico es esperar antes a la sentencia”, destacó la edil popular Rosa Gallego, que coincidió con el resto de la corporación en que la prisión debe volver a manos municipales sin contraprestaciones económicas.
El portavoz socialista, Lage Tuñas, defiende la apuesta por esta declaración por parte de la Xunta debido al “valor innegable” del inmueble y desea que, a partir de ahora, “comecemos a falar en termos de presente e futuro e a súa apertura ao público sexa cun plan consensuado”. Los nacionalistas defienden un Plan Director de Conservación para determinar qué usos puede albergar la antigua cárcel.
El Ayuntamiento cedió en 1925 el terreno a Instituciones Penitenciarias con la condición de que retornaría al patrimonio municipal cuando el edificio perdiese su uso penitenciario, actividad que cesó en 2009. Así, en 2016 el Ayuntamiento presentó un recurso después del fallo de la Audiencia Nacional que impedía recuperar la titularidad municipal.
En trámite
Otro de los asuntos a los que una declaración BIC podría resolver su futuro es el referido a los terrenos de A Maestranza, cuya suspensión de licencias de construcción caduca el próximo día 11. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, aseguró que no hay posibilidad de prorrogar esa protección debido a que es una “mecanismo legal”, aunque aseguró que el Ayuntamiento ya solicitó a la Xunta una ampliación de la declaración de BIC “que ya procede de 1944 de todo lo que es el entorno de murallas” para conseguir la suspensión de licencias en la zona.
“Mientras tanto, queremos hablar con Defensa para buscar una situación que a nosotros nos convenza y a ellos también”, indicó Villoslada, que considera que es necesario reducir al máximo la edificabilidad en la zona y evitar la construcción en donde se hallaron los restos arqueológicos.
En las últimas semanas, el Ayuntamiento también anunció su intención de solicitar al Ejecutivo autonómico que los Jardines de Méndez Núñez cuenten con el reconocimiento de BIC –la Xunta denegó la misma solicitud en 2014 por considerar que el PGOM ya protege el conjunto histórico–, pero primero se comprometió a erradicar el botellón de la zona.
