Según la sentencia emitida ayer por el juzgado de primera instancia de A Coruña, el FROB tendrá que devolver el importe de las acciones de NG Banco que compró Gadisa en 2012, por valor de 10.109.209 euros, así como los intereses y las costas del juicio. La sentencia de la titular de la sala, Marta Canales, fue tan rotunda porque consideró que en la venta “existió mala fe y se ocultó información relevante”: en 2011, cuando se captó a Gadisa como inversor, no se indicó el valor real de las acciones y se aseguró que la entidad, NCG Banco, estaba saneada. Sin embargo, tuvo que ser rescatada al año siguiente. Para la jueza, eso significa que existió “dolo en el consentimiento” y por lo tanto declara la “nulidad del citado compromiso de inversión”.
Dado que las acciones de Gadisa fueron amortizadas al tomar el FROB el control de la entidad bancaria, ya no es posible restituirlas, de ahí que deban entregar su valor monetario. El letrado que representó a Gadisa, además de al resto de demandantes que perdieron más de setenta millones de euros, Daniel Jiménez, expresó su “satisfacción” por una “sentencia muy bien fundamentada”.
el ajuste clave
El punto clave que decidió el juicio fue el ajuste contable que sufrió NCG Banco en marzo de 2012, por un importe de 1.127 millones de euros, que necesitó un capital adicional 948 millones. Los peritos de la defensa reconocieron que ya se sabía que las cuentas de 2011 de NCG Banco no se correspondían a la realidad, puesto que eran provisionales, fruto de la fusión entre Caixa Galicia y Caixa Nova en 2010, y tenían todo 2011 para ponerse al corriente. De hecho, se hizo dos días después de la venta de las acciones a Gadisa, el 12 de enero de 2012.
El hecho de que las partes “demandadas sabían que ese ajuste era necesario, con una importancia relevante, retroactivo e insalvable” lo constata la magistrada desde el 15 de diciembre de 2011, aunque reconoce que la “preocupación que existía era la de proyectar una imagen de continuidad del banco”.
Según los peritos, no se informó a los interesados, 18 grandes industriales gallegos, que invirtieron un total de 70 millones de euros (Gadisa solo era uno de ellos) porque “era evidente”. Pero lo cierto es que el título de la documentación que habían entregado a los inversores era “Novacaixagalicia, una oportunidad de inversión única en el sector financiero español”, y en ella aseguraba que la entrada del FROB “la sitúa entre las entidades financieras del mundo con mayor índice de capitalización”.
“Que los ajustes eran importantes y que la nueva normativa lo era, es una realidad y los demandados sabían lo que sucedía. Y optaron simplemente por silenciarlo al inversor. Omitiendo así una información tan relevante que hubiese generado su huida y negativa a la firma”, concluye la magistrada.