Domingo 16.06.2019

La Fiscalía abrió diligencias penales hace un mes por la compra municipal de pisos

Este hecho se conoció al incluirse en el expediente de anulación de una de las viviendas adquiridas a un afín a la Marea.

La nulidad de la compra del piso de la calle de Santander se decretó ayer | quintana
La nulidad de la compra del piso de la calle de Santander se decretó ayer | quintana

La Fiscalía abrió diligencias penales por las irregularidades en el programa municipal de adquisición de vivienda. Esta situación fue hecha pública ayer por el grupo municipal popular, que conoció el paso dado al reflejarse en el expediente de anulación de la compra de uno de los pisos al afín a la Marea que fue ayer a la junta de gobierno local.


La portavoz de la formación, Rosa Gallego, definió como “la inocentada del día” el descubrimiento que realizaron entre la documentación que se presentó en la junta de gobierno para anular la compra del piso situado en el número 23 de la calle de Santander, acción que fue aprobada.


En este expediente figura un escrito de la Fiscalía en el que se requiere al Gobierno municipal determinada documentación y al que se responde, según los populares, con un informe “lleno de mentiras”.

Hasta el momento el Gobierno local había rechazado que hubiese novedades en torno a este asunto más allá de que se llevase el expediente de compra de este piso a la junta de gobierno para decretar su nulidad.

Gravedad
“Es muy grave porque lo que están intentando es evitar y obstaculizar con mentiras la investigación de este proceso”, expuso Rosa Gallego.

La portavoz de la formación popular quiso rebatir algunas de las cuestiones que se incluyen en ese informe remitido desde María Pita a la Fiscalía el mes pasado.

Uno de los puntos sobre los que más insistió es que no fue el Ayuntamiento quien tomó las riendas para realizar la revisión de oficio del proceso.

La popular indica que fueron ellos en la Comisión de Transparencia los que evidenciaron que se tenían que revisar los hechos ocurridos por todas las “ilegalidades” que manifestaron mientras que el concejal Xiao Varela en la Comisión de Regeneración Urbana “negó errores y nunca habló de revisión de oficio”.


Sin embargo, el Gobierno local señala en el informe remitido al Ministerio Público que fue el edil el que encargó a la directora de la asesoría jurídica municipal que se iniciase dicha revisión. “Es mentira y falso que el informe de la asesoría jurídica fuese la base para iniciar ellos motu proprio nada”, resumió Gallego. 


Además, la portavoz del PP señala que desde el equipo de gobierno “siguieron erre que erre con que aquello eran errores” y que en el informe de la asesoría jurídica se intentó “convalidar todo el expediente menos la oficina, porque era obsceno al no poder convertirse en vivienda”, en referencia a la otra propiedad del afín a la Marea y que se encuentra en la calle de Joaquín Martín Martínez. 


En abril hubo un pleno extraordinario a petición del PP por todas las irregularidades del proceso y una hora antes de la sesión se celebró una junta de gobierno para decretar la nulidad de esta compra pero “intentando mantener en todo momento el de la calle Santander”.


Los votos de la oposición forzaron al Gobierno local a remitir al Consello Consultivo el expediente de todo el programa y dictamen del organismo fue “demoledor” y señala que “la asesoría jurídica pide informes ad hoc y ex post para intentar justificarlo”.


“Vueltas y vueltas le han dado al tema”, aseguró Gallego, quien recordó que la anulación del piso de Joaquín Martín Martínez todavía no está finalizada porque el vendedor había presentado un recurso que todavía no está resuelto porque se tendría que haber llevado a junta de gobierno. “Mucha prisa se han dado para escriturar pero mucha lentitud para terminar con este tema”, añadió.

Vía penal
El rechazo del Gobierno municipal a reconocer que se produjeron irregularidades en el programa de adquisición de vivienda para alquiler social fue el motivo por el que el PP decidió llevar el asunto a la Fiscalía. “No nos dejaron otro camino que ir a la vía penal”, aseguró Rosa Gallego.


La portavoz de la formación popular recordó que en este tema y en el de la cesión de la antigua cárcel van a “ir hasta el final”. Rosa Gallego hizo referencia a este otro caso, en el que el Partido Popular también lo denunció ante la Fiscalía y posteriormente el Ministerio Público ya lo trasladó por medio de una denuncia al juzgado al entender que hay indicios de prevaricación.


“No vale que en la cárcel digan que mandaron un escrito diciendo que no pueden hacer las actividades así. Lo adjudicaron a dedo y les dejaron allí hacer lo que les da la gana”, criticó Rosa Gallego, quien defendió que es el Ayuntamiento el que se dirige o habla con Proxecto Cárcere para que cesaran la actividad y no la Xunta.

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