domingo 20.10.2019

La falta de ayudas municipales al alquiler social impide una reducción de los desahucios

Profesionales y colectivos vinculados a estas actuaciones exponen que no se establecen las 
medidas necesarias

Stop Desahucios lamenta que las medidas impulsadas por el Ayuntamiento no llegaron a ejecutarse
Stop Desahucios lamenta que las medidas impulsadas por el Ayuntamiento no llegaron a ejecutarse

La ausencia de ayudas de carácter municipal al alquiler social es uno de los motivos que evita que se puedan reducir los desahucios en la ciudad, según colectivos y profesionales vinculados a esta problemática.

“El Ayuntamiento aprobó medidas que están ahí, pero paradas, por lo que no se solucionan los problemas”, explicó Celia Franco, de Stop Desahucios, durante un debate en Radio Coruña. Entre estas iniciativas están el programa de compra de pisos o los proyectos de construir viviendas para alquileres sociales, pero ninguno de ellos fructificó durante este mandato.

Las reclamaciones de este colectivo son secundadas por la Asociación de inquilinos de la ciudad, que lamentan que en el pasado se hicieron viviendas sociales “para venta pero no para alquilar”. Por su parte, Ángel Garmendia, funcionario de la Oficina Común de Notificaciones y Embargos, también reclama “medidas sociales” siguiendo el ejemplo de otros países, aunque ve un problema en que “la obra nueva tarda tiempo”, por lo que reclama otras acciones más rápidas.

El abogado Antonio Vázquez, que llevó medio centenar de casos de desahucios en la ciudad, indicó que “no se hace verdadera política de vivienda, no la ha habido, solo de cara a la galería”, y recuerda que en A Coruña existen actualmente unas 19.000 viviendas vacías.

La petición de medidas centradas en el alquiler social y no en la venta se producen debido a que en la actualidad están aumentando los desahucios de personas en régimen de alquiler. Según Ángel Garmendia, desde 2015 hubo 340 desahucios en este régimen de viviendas en el partido judicial de la ciudad, que incluye A Coruña y otros ayuntamientos como Arteixo, Cambre, Carral, Oleiros y Culleredo. De estos, 102 fueron durante el primer trimestre de 2018, una situación que va a tener un “crecimiento exponencial”. Esta realidad contrasta con lo que sucedía anteriormente, cuando eran las viviendas en propiedad sobre las que recaían los desahucios. “Está pasando lo mismo con el mercado alquiler que con el hipotecario”, explica Antonio Vázquez.

Las administraciones
La edil de Justicia Social, Silvia Cameán, explicó que en este mandato se puso en marcha un programa de pisos de emergencia para personas que son desahuciadas. Se trata de 10 viviendas que estaban vacías y por las que pasaron 38 familias el año pasado. Además, enumeró otras medidas como la renta social o las ayudas de emergencia social.

Mientras, Heriberto García Porto, director xeral del Instituto Galego da Vivenda e Solo, expuso que la Xunta tiene líneas de ayudas como subvenciones al alquiler por tres años, la puesta a disposición de viviendas públicas al 50% del coste real de la renta, el Bono alugueiro social, o el programa Vivendas baleiras. Sobre este último, que da ayudas para que los propietarios saquen a alquiler sus pisos, recordó que el Ayuntamiento no se adhirió, condición indispensable.

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