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martes | 23 abril | 2024
El alquiler vive un momento dulce en A Coruña, ya que combinación de la falta de potencial económico para hipotecarse y la carencia de stock de pisos nuevos hace que mucha gente se decante por independizarse a través del arrendamiento de viviendas. Sin embargo, las medidas aparejadas a la nueva regulación de este mercado aprobada hace unas semanas por el Consejo de Ministros empieza a tener sus primeras consecuencias en la ciudad y los expertos advierten de que una vez se empiece a aplicar se reducirá mucho el stock de bienes para arrendar, que en algunos casos ya resulta reducido.
Los movimientos inmobiliarios de venta quizá no se vean muy afectados por las nuevas normas del alquiler que ha aprobado el Ejecutivo de Pedro Sánchez pero sí pasará factura a este último sistema para garantizar un techo a prácticamente toda la población. Aunque la medida de protección de los inquilinos parece muy lejana para A Coruña, desde el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia –con sede central en la localidad– ya advierten de que los efectos negativos no se han hecho esperar
La vicepresidenta de la entidad colegial, Carmela Lavandeira, afirma que al igual que en ciudades más grandes como puede ser el caso de Barcelona, en el municipio hay propietarios que ya han comunicado a algunas oficinas de gestión que “prefieren vender a seguir alquilando” así.
Si bien es cierto que el decreto no tendrá efecto retroactivo a los contratos que ya existen, los coruñeses que ven en el “alquiler un negocio” se muestran muy preocupados, porque entienden que son los más perjudicados por la decisión estatal, y muchos pretenden evitar la renta mensual salvo en el caso de interesados de alto poder adquisitivo que puedan garantizar el abono.
Miedo tras el esfuerzo
“La gente particular tiene mucho miedo, más del que puede tener una empresa que se dedique a lo mismo, porque le ha costado mucho comprar ese piso” y ahora se encontrará muchos problemas. La nueva Ley de Arrendamientos Urbanos añade complejidad a la hora de que un dueño recupere su piso si le hace falta para vivir a él o a un familiar e, incluso, en caso de impago.
“Hay más tiempo antes de conseguir un desahucio”, incide Lavandeira, que también recalca que los acuerdos ahora deben ser por más tiempo con las consiguientes complicaciones si hay una relación incómoda o si simplemente se quiere dar otro uso a ese activo. El documento estatal indica que si la persona que alquila es una persona jurídica debe hacer un contrato de siete años ampliable por otros tres, por ejemplo. También se reduce la garantía económica inicial.
Aunque todavía no hay estimaciones en cifras concretas de lo que se puede ajustar la bolsa de apartamentos para alquilar, la especialista advierte de que el cambio en las reglas del juego va a suponer una caída importante porque los propietarios venderán y evitarán incertidumbres. Así se lo han transmitido muchos particulares a los administradores, recordando que esto es un “negocio” del que sacan un extra o del que, incluso, viven y no quieren asumir la modificación.
Lavandeira defiende que los arrendadores están en su derecho de tomar esta decisión aunque el mercado de por sí reducido –dicen que si hubiese más bienes, se alquilarían más– vaya a menos. “La obligación de garantizar una vivienda digna es del Estado, no del propietario”, razona.
Pero se prevé un problema de futuro para asegurar ese techo, en la línea de lo que viene denunciando desde hace tiempo y con estudios la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), cuyo presidente Benito Iglesias, ha pedido varias veces la actuación de las administraciones.
