miércoles 30/9/20

Europa aclara que la concesión de Tranvías de A Coruña sigue en vigor

La sentencia deja en el aire la bajada en el precio del billete que aplicó el Gobierno local en febrero de 2019
Los autobuses siguen circulando en plena crisis, aunque con un servicio reducido | javier alborés
Los autobuses siguen circulando en plena crisis, aunque con un servicio reducido | JAVIER ALBORÉS

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón en una sentencia publicada ayer a la Compañía de Tranvías, y reconoce que su concesión no expira hasta 2024. Esto viene a negar la interpretación del Gobierno de la Marea Atlántica, que daba por caducada la concesión, lo que le había permitido rebajar el año pasado las tarifas del transporte público de forma unilateral. Por el momento, el director de Tranvías, Ignacio Prada, no quiso entrar a valorar una posible subida de las tarifas, aunque tampoco negó esa posibilidad.

En la sentencia, que es firme, el Tsjue da respuesta a una consulta planteada en diciembre de 2018 por el juzgado de lo Contencioso número dos sobre cuándo finaliza el contrato de Tranvías. Prada recordó que el Gobierno de Xulio Ferreiro fue el que inició todo el proceso hace ya tres años y medio, cuando dio a conocer su interpretación de una ley europea de transportes. Todo empezó por la interpretación del reglamento europeo 13.70/2007 y que debía entrar en vigor en 2009 y que dictaba que todos los contratos públicos adjudicados antes del 26 de junio de 2000 debían expirar en un plazo de 30 años.

El contrato se dio en 1986, fusionando siete u ocho contratos distintos que gestionaban líneas por separado (unas eran de competencia estatal, otras municipal), medida aprobada en pleno de forma unánime. El contrato debía expirar en 2024, pero la Marea atlántica entendió que, a tenor del reglamento europeo, había expirado en 2016, mientras que Tranvías consideraba que había que contar a partir de la entrada en vigor del reglamento, que ocurrió en 2009. ”La compañía trató de advertir al Ayuntamiento de que el reglamento no especificaba desde cuándo había que contar ese período”, recalcó Prada. Además, surgieron casos parecidos, como el transporte público de París, que el Ayuntamiento había otorgado en el año 59 por Charles Degauelle y no por ello se entendió que era en el año 59 desde donde se empezaba a contar.

Incertidumbre

Pero la concejalía de Movilidad, que por aquel entonces encabezaba Daniel Grandío, no lo entendió así y dio por caducada la concesión de forma unilateral. Aquello generó una situación de incertidumbre que Tranvías trató de despejar proponiendo una consulta a la Unión Europea, algo que rechazaron desde el Gobierno de Xulio Ferreiro.

Tampoco quiso solicitar una prórroga a la Unión Europea, así que a Tranvías no le quedó más remedio que emprender acciones legales. El contrato se prorrogó, pero podía terminarse en cualquier momento con la publicación de nuevos pliegos e incluso se llegó a anunciar un proceso de licitación, Tranvías decidió no seguir renovando su flota.

El Gobierno de Xulio Ferreiro tomó la decisión de incumplir el convenio original e imponer la bajada de tarifas a partir del uno de febrero de 2019, lo que supuso uno de los mayores avances en el fomento del transporte público que pudo presentar un Gobierno que había sido incapaz de reformar las líneas de bus. La bajada fijó el precio del billete ordinario será de 1,20 euros, con la tarjeta Millennium de 75 céntimos, con transbordos gratuitos y también para los menores de trece años.

Restablecer el equilibrio

Prada considera que “se debe restablecer el equilibrio y las condiciones del contrato”, pero añade que “No me corresponde a mí tomar esa decisión, teníamos un procedimiento (la conocida fórmula polinómica) que se suspendió hasta ahora” pero no está a favor de más medidas unilaterales. De hecho, la compensación por la bajada de las tarifas también está en los tribunales contencioso-administrativos.

Por otro lado, el Gobierno local tendrá que preparar nuevos pliegos en este mandato si quiere que esté todo listo de cara a 2014. El actual concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, se limitó a señalar que sus servicios jurídicos municipales estudiarán el fallo para darle cumplimiento. l

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