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miércoles | 24 abril | 2024
El problema de inseguridad que suponen las dos comunidades de okupas de la calle del Doctor Fleming, en A Falperra, resulta difícil de atajar, incluso para la Policía Nacional. Pero la ocupación en sí podría solucionarse pronto, por lo menos para uno de los dos edificios: la semana que viene se convertirá en firme la sentencia que permitirá el desalojo de los nueve ocupantes contabilizados en el número 19 de esa calle, y la empresa propietaria tiene la intención de solicitar una orden de lanzamiento a la mayor brevedad.
En enero, la empresa propietaria, que había adquirido hacía varios años ambos inmuebles con el objetivo puesto a rehabilitar los pisos y venderlos a largo plazo, descubrió que su propiedad había sido invadida. Sus abogados interpusieron dos querellas, uno por cada edificio, al mismo tiempo pero en juzgados distintos, de manera que la del 19 está más avanzada: en junio tuvo lugar la vista con sentencia favorable para la empresa, y durante todo el verano se fue localizando a los nueve sujetos identificados que están viviendo ilegalmente en el inmueble. Se les notificó a todos la decisión judicial excepto a uno, al que no fue posible localizar, pero esta misma semana se publicó la sentencia.
El próximo paso, una vez que dicha sentencia sea firme (lo que ocurrirá, como se ha dicho, la semana que viene) será que la empresa presente una demanda de ejecución, así que la expulsión de los okupas solo se demorará lo que tarde el juzgado en ordenar a la Policía Nacional que ejecute el lanzamiento.
En cuanto al segundo edificio, el número 20, el proceso está discurriendo más lentamente. Ya sean incoado las diligencias previas, pero todavía no se ha señalado una fecha para el juicio. Eso significa que la expulsión de los okupas del número 20, cuyo número es indefinido (la Policía Nacional solo ha identificado a un ocupante), podría llevar todavía meses y prolongarse hasta bien entrado el año que viene.
Despliegue policial
Por supuesto, los vecinos de A Falperra esperan con impaciencia que esta situación se resuelva, puesto que les afecta directamente a ellos, pero en realidad, la actividad delictiva que las autoridades achacan a los okupas (muchos de ellos jóvenes inmigrantes irregulares con escasas opciones más allá de la delincuencia) hace tiempo que ha desbordado el barrio, y es dudoso que expulsarlos de los dos inmuebles okupados baste para detener la actual ola de delitos.
Para tratar de reducir el problema, el delegado del Gobierno,, Javier Losada, ha ordenado aumentar el despliegue policial, que en este caso lo lleva a cabo la Unidad de Intervención Policial (UIP). Es decir, los antidisturbios, cuyos vehículos pueden verse no solo en A Falperra, sino en el centro.
“No hay día que no cometan un delito”, aseguran desde la Policía Nacional. La mayor parte consisten en robos con fuerza, sobre todo en locales comerciales fuera de horario de cierre, así como en hurtos en terrazas y supermercados, pero también se han registrado agresiones de diversa índole, así como actos vandálicos contra coches aparcados, etc.
Por el momento, al despliegue de la Policía Nacional no se ha sumado la Policía Local, aunque esta fuerza municipal cuenta con una mayor presencia en al ciudad en lo que se refiere a número de patrullas. Sin embargo, la alcaldesa, Inés Rey, insistió ayer mismo en que las competencias de seguridad ciudadana son del Cuerpo Nacional. l
