sábado 15/8/20

Eliseo Calviño: “Le dieron cinco cursos a Crespo para hundirlo”

EL presidente de la Confederación de Empresarios y Autónomos de España (Caype), ELiseo Calviño, acudió ayer al juzgado de instrucción número 6 para declarar en la causa de operación “Zeta”. Calviño

Lema y Calviño, ante los juzgados	patricia g. fraga
Lema y Calviño, ante los juzgados patricia g. fraga

EL presidente de la Confederación de Empresarios y Autónomos de España (Caype), ELiseo Calviño, acudió ayer al juzgado de instrucción número 6 para declarar en la causa de operación “Zeta”. Calviño está siendo investigado por un delito de estafa continuada. Se sospecha que se hizo de forma irregular con 4,7 millones de euros destinados a formación, en una trama del que el supuesto cabecilla es Gerardo Crespo, dueño de Azetanet y Fundefo, que declaró esta misma semana. La defensa de ambos es similar, aseguran que los cursos de formación se realizaron y que fueron avalados por la Xunta y el Gobierno central. La inspección que descubrió aulas vacías fue, en palabra de Calviño, “la trampa que le dieron expresamente a Gerardo Crespo para hundirlo. Fueron cinco cursos que se dieron con ese motivo”. El día que tenían que empezar tenían un inspector de la Xunta en la puerta, enviados por algún “amigo”.
Pero eran “solo para los amigos” y Caype no participaba en esos cursos. Sin embargo, reconoce que supusieron un “revulsivo en la investigación” que también le han llevado a él a los juzgados, junto con las declaraciones e información que aportaron dos trabajadoras públicas. Porque, como reconoce Calviño, “Caype era un gran proveedor de cursos para Azetanet”. De los 4.750.000 euros que la confederación de empresarios obtuvo entre 2004 y 2009 para la creación de cursos de formación, la mayoría los llevó a cabo la empresa de Gerardo Crespo.

"como un suflé"
Calviño puso como valedora ante la magistrada del juzgado de instrucción a la Administración pública, de la que surgió la denuncia; tanto la Consellería de Traballo como la Fundación Tripartita, dependiente del Gobierno central. Su abogado, Xoan Antón Pérez Lema, que calificó el caso de “suflé a punto de deshincharse”, destacó que en esos seis años solo hubo dos expedientes de reintegro (discutidos) que tenían como origen que los módulos se hacían de manera distinta en cada comunidad autónoma.
Su cliente fue más allá: “Todos los cursos y expedientes fueron, antes de darnos el dinero, inspeccionados por el Gobierno central y Xunta de Galicia. Los cursos se han impartido absolutamente todos, porque si no estaríamos diciendo que la Xunta y la Secretaría del Estado están compuestos por una panda de paletos”.

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