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sábado | 20 abril | 2024
Una cuenta atrás de casi cuatro años finalizaba ayer para los padres de Diego Novo, cuando, a las diez de la mañana, veían sentarse en el banquillo de los acusados a siete miembros de la comunidad docente del Liceo la Paz por la muerte de su hijo, ahogado durante una clase de natación infantil en marzo de 2009. La sentencia, que condenará o absolverá de un delito de homicidio imprudente a la monitora y el socorrista que aquella mañana vigilaban la clase de Diego, el coordinador de las actividades acuáticas, el jefe de estudios, el director técnico y los dos copropietarios del centro, podrá cerrar un capítulo imborrable en sus vidas, pero difícilmente arrojará certezas sobre lo que ocurrió en la piscina, a tenor de lo escuchado durante la primera sesión del juicio que esta semana se celebra en la Audiencia Provincial.
Porque, aunque son varias las hipótesis que los acusados manejan para explicar el modo en que el pequeño de cuatro años acabó en el fondo del vaso después de que sus compañeros salieran del agua, ninguna de ellas responde a las incógnitas principales. ¿Por qué estaba el niño, antes de acabar la clase, en los vestuarios del recinto, sin su burbuja de flotación? ¿En qué momento regresó al agua, por dónde lo hizo? Y sobre todo, ¿cómo es que nadie se percató de que su cuerpo permaneció hundido, a más de dos metros del borde de la piscina y a cuatro de las escaleras, durante diez minutos?
Son algunas de las preguntas que se formularon a los acusados para tratar de aclarar, al menos, de quién era la responsabilidad de vigilar al grupo de Diego Novo aquella mañana, en ausencia de la monitora titular, pero tampoco en este aspecto hay una respuesta unánime. En el recinto de piscina estaban la monitora de apoyo y el socorrista, que cubrieron el hueco de su compañera, según declaran, sin que ningún superior se lo comunicara.
“Yo hacía labores de apoyo, no de control, porque eso lo hacen los profesores. Asumía que estaban vigilando su clase e impartiendo contenidos. No me estaba haciendo cargo de ningún grupo, no era mi responsabilidad”, afirmó la monitora, que señala al socorrista como la persona que sustituyó a la profesora del menor aquella jornada. “Mi labor es vigilarles, no impartir una clase”, se defendió este segundo acusado, después de indicar que carece de titulación para ejercer de profesor y matizar que su obligación de controlar a los alumnos no se vio entorpecida por la falta de la monitora titular.
Ninguno de ellos puede contestar en qué momento salió Diego Novo del agua, aunque aseguran que al terminar la clase, la piscina quedó vacía. Preguntados sobre lo que pudo haber sucedido, coinciden en suponer que el niño se escapó al baño sin avisar y, estando sus compañeros fuera, regresó al agua por una puerta distinta del vestuario, esquivando el control que ellos hacían del resto del grupo. Ni una pista de quién pudo quitarle la burbuja que usaba para flotar.
"desbordados"
Aunque ni uno ni otro asumen la total responsabilidad de aquella clase, sí creen que entre los dos podían controlar a los alumnos aquella mañana. “En aquella jornada concreta, sí, pero no en otras”, puntualizó la monitora, que señala que en ocasiones alertó al centro de que el personal de piscina estaba “desbordado” por el número de alumnos.
Esa queja debía ser trasladada por el coordinador de piscina a sus superiores jerárquicos, un aspecto que no quedó aclarado ayer en el juicio, ya que los dos propietarios del colegio eludieron prestar declaración. “Tengo 84 años y no ando muy bien de salud, siento mucho no poder declarar”, se excusó uno de los empresarios; “lamentablemente no quiero declarar porque estoy muy afectado por la muerte de este niño”, alegó el otro.
Sí respondieron el coordinador, el jefe de estudios y el director técnico, que defienden el funcionamiento de la piscina y el protocolo de seguridad que se seguía desde hacía 20 años. “A partir de lo ocurrido aumentó el número de alumnos de piscina porque la reacción de los padres fue que confiaron en nosotros”, llegó a decir el director, antes de admitir que las normas se retocaron y se contrató a más personal.
De los tres, ninguno admite como propio el papel de controlar el discurrir de estas clases “complementarias” a las de educación física, supervisar a quien las imparte o sancionar en caso de una irregularidad. Se enfrentan, al igual que el resto de los acusados, a una petición de condena de hasta cuatro años de cárcel e inhabilitación profesional por su papel en lo que el letrado que representa a los padres del pequeño fallecido, José Luis Gutiérrez Aranguren, describió ayer como una “cadena de culpas” en cuyo vértice están, por jerarquía, los propietarios del Liceo.
