El sector apoya a los hosteleros imputados como parte de la red de inmigración ilegal

La noticia de que por lo menos tres hosteleros coruñeses tendrán que comparecer ante el juez para declarar como parte de la investigación en un delito de estafa y favorecimiento de la inmigración ilegal ha conmocionado al sector. Para fuentes pertenecientes a este importante gremio, se trata de una herencia recibida de la etapa de expansión económica, cuando existía una acuciante necesidad de mano de obra para bares y restaurantes. Solo así se explica que el delito afecte a casi 200 ciudadanos procedentes de República Dominicana.

Éstos habrían sido alumnos de una escuela de Santo Domingo, que incluía en su matrícula un viaje a España para trabajar con un contrato de prácticas durante un año. Sin embargo, muchos fueron despedidos antes de que expirara el plazo. De ahí que lo denunciaran hace ya cuatro años. Sin embargo, fue el mes pasado cuando la Brigada de Extranjería procedió a detener a uno de los hosteleros y a los principales responsables: el matrimonio que regentaba la escuela de hostelería en el país caribeño.

También fue arrestado por lo menos uno de los propietarios de estos negocios pero fue puesto en libertad ese mismo día. Es por eso que los representantes del sector coinciden en que la pareja es la principal responsable. Muchos recuerdan que, en los momentos de mayor demanda de mano de obra en el sector de la hostelería, la administración pública creo un catálogo con los puestos de trabajo más necesarios, para los que había que importar la mano de obra. La hostelería era uno de ellos: “El Gobierno lo favorecía, incluso subvencionaba la seguridad social”.

 

Testigos > Por el momento, además de los dueños de los dos locales de hostelería y el gerente de una cadena hotelera con presencia en España, Portugal y Brasil, no hay más imputados del sector, aunque fueron varios establecimientos más los que tuvieron negocios con la escuela caribeña. En principio, el resto de hosteleros podrían ser llamados ante el juez pero comparecerían en calidad de testigos.

La percepción general del sector es que son víctimas más que otra cosa. “Sí esa gente a la que detuvieron se aprovechó de las circunstancias para ganar dinero, eso es algo que no tenían por qué saber los empresarios de aquí”, señalan estas mismas fuentes. Lo cierto es que existen indicios de que la pareja cobraba a sus víctimas a cambio de un contrato de trabajo en locales coruñeses.

En cuanto a los empresarios coruñeses, han sido imputados por haber tenido en sus plantillas a víctimas de esta trama. Lo que el juez tratará de determinar con sus declaraciones es si habían llegado a un acuerdo con un centro de enseñanza de Santo Domingo para que sus alumnos trabajaran en sus establecimientos con un contrato de prácticas por el que pagaban 2.000 euros, por lo que la pareja llegó a hacerse con casi 400.000 euros de los 200 alumnos.

Sin embargo, a medida que fueron recibiendo quejas tras los despidos, fueron devolviendo el importe de las matriculaciones. De ahí que ahora la imputación por delito de estafa hable de 100.000 euros, y no de los 400.000 que era la cifra a la que ascendía el monto total de las matrículas.

 

El sector apoya a los hosteleros imputados como parte de la red de inmigración ilegal

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