El nuevo ejecutivo estudia ya todas las vías para evitar que se tire el inmueble

  El nuevo gobierno local salido de las urnas el 22 de mayo todavía no ha tomado posesión, si bien ya ha tenido que enfrentarse a uno de los grandes asuntos heredados de la gestión municipal del anterior mandato, que fue también uno de los que más enfrentamientos generó entre los grupos en los últimos cuatro años. La puesta en conocimiento del auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia cogió de sorpresa a los populares, que durante la tarde de ayer comenzaron a estudiar el documento para establecer las posibilidades de actuación sobre un problema que deberá resolver su ejecutivo. Los concejales electos Miguel Lorenzo y Martín Fernández son los encargados de estudiar qué vías podrían estar abiertas para evitar que se proceda a la demolición del inmueble.
Julio Flores, que ejerció como portavoz, aseguró que el grupo conservador está siendo cauto a la hora de valorar la resolución judicial, sobre la que hoy establecerá una posición pública. En todo caso, “se intentará ver si hay algún tipo de salida” a una dificultad que, añade, “es un tema heredado”.
En el último mandato, cuando el PP ejercía labores de oposición fueron constantes los reproches al bipartito local sobre este asunto. A la parte socialista, le recriminó siempre que sean los ciudadanos los que tengan que pagar “las reiteradas ilegalidades del gobierno municipal”, mientras que del BNG lamentó varias veces su “cobardía política” por haber votado reiteradamente en contra de que se abriera una investigación.