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martes | 23 abril | 2024
El anterior gobierno local compró y reformó un inmueble de la Ciudad Vieja, por un importe de 417.560 euros, para destinarlo a casa de acogida para víctimas de violencia de género que no sirve para tal fin. Así consta, según denunció ayer el concejal de Servicios Sociales, Miguel Lorenzo, en un informe que acaba de emitir la Consellería de Traballo e Benestar, en el que se alerta de que la vivienda no reúne las condiciones necesarias para funcionar como piso tutelado.
El inmueble, de 80 metros cuadrados repartidos en bajo y primera planta, fue adquirido por el anterior gobierno local en marzo de 2010 por 250.000 euros. De esta cantidad, 200.000 euros los subvencionó la Diputación y el resto fueron aportados por el Ayuntamiento. La reforma se puso en marcha en junio de ese mismo año. El proyecto de rehabilitación, que supuso un coste para las arcas locales de 167.560 euros, corrió a cargo de las concejalías de Rehabilitación y Igualdade, en manos del BNG en ese momento.
Tras concluir los trabajos, los técnicos municipales emitieron un informe en el que se advertía de que los cambios que se llevaron a cabo para adaptar la vivienda a su nuevo uso habían reducido “de manera significativa la superficie útil del inmueble”, lo que impedía acoger a dos familias, que era el fin con el que se había concebido el inmueble, próximo a los Dominicos. A partir de ahí, el Ayuntamiento solicitó un informe a la subdirección xeral de autorización e inspección de Servizos Sociales. El resultado del mismo se conoció a principios de mes, y este es, en opinión del Ayuntamiento, “demoledor”.
Entre los problemas sobre los que alerta la Xunta se encuentra la existencia de unas condiciones “mínimas” de accesibilidad, ya que la vivienda no dispone de ascensor para subir a la primera planta. El Gobierno gallego considera que no cumple los requisitos necesarios y las características que establece la normativa vigente para que pueda ser destinada a casa de acogida y, lo más importante, el diseño del inmueble “compromete la seguridad y confidencialidad de las víctimas” de violencia de género.
La Administración autonómica también pone en duda en su evaluación la viabilidad económica de la casa a largo plazo. Aseguran que la rentabilidad social de este equipamiento es muy limitada por su escasa capacidad para acoger a un mínimo de dos familias porque solo dispone de dos dormitorios en la planta alta, mientras que el bajo lo componen un salón, una cocina americana y un baño adaptado.
Solución > Lorenzo aclaró que el Ayuntamiento está buscando una solución para el “chalé” –así lo definió el edil– de la Ciudad Vieja. Según el concejal, es probable que se ponga a la venta y, con el dinero que se obtenga de la operación, se adquieran dos pisos tutelados que “sí reúnan las condiciones necesarias”. La decisión que se adopte deberá contar con la autorización de la Diputación, por ser la administración provincial la que puso parte del dinero. De hecho, aseguran que existe la posibilidad de tener que devolver la subvención al no cumplir la casa el fin para el que fue adquirido.
“De nuevo se trata de una herencia envenenada que tenemos que solucionar”, se quejó el responsable de la Concejalía de Servicios Sociales.
