El Ayuntamiento devolverá el título de hijo predilecto al general Millán Astray

  El Ayuntamiento ya tomó una decisión con respecto a la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 que obliga al gobierno local a devolverle el título de hijo predilecto de la ciudad al general José Millán Astray. El ejecutivo de Carlos Negreira anunció ayer que no recurrirá el fallo, tal y como se recomienda en un informe elaborado por la asesoría jurídica municipal, en el que se asegura que la argumentación de la jueza a este respecto es “clara y contundente”.
Después de que el pasado 27 de julio se conociese la resolución al recurso presentado por la hija del fundador de la Legión contra la medida adoptada por el bipartito de retirarle los honores al militar en base al cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, el alcalde siempre afirmó que la decisión de recurrir el fallo dependería de lo que dictaminasen los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ya que su intención era ajustarse “única y exclusivamente” a criterios judiciales, y no de carácter político.
Según el gobierno local, en el informe elaborado por los abogados municipales se especifica que los argumentos empleados a la hora de emitir el fallo “son suficientemente sólidos”, por lo que optan por “respetar” la sentencia de la magistrada. Además, el Ayuntamiento sostiene que en el documento se indica que la administración local “ya se encuentra suficientemente judicializada como para continuar con un decreto aprobado por los anteriores responsables municipales, que no tiene visos de prosperar”.
Pese a que tanto los grupos de la oposición como la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica instaban a recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el alcalde siempre dejó en manos de los servicios jurídicos de María Pita esta decisión. Tal y como indicaron ayer fuentes municipales, el gobierno local “no quiere perder ni un minuto en politizar el pasado y prefiere mirar al futuro, y apostar por la concordia y por trabajar en las cuestiones que realmente le preocupan a los ciudadanos”.

Los motivos > El Ayuntamiento recuerda que, en la sentencia, la jueza obliga a devolver el título de hijo predilecto a Millán Astray porque esta distinción fue concedida en el pleno municipal de agosto de 1922, “catorce años antes de la sublevación” que provocó la Guerra Civil, por lo que, en este caso, no considera necesaria la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 a nivel estatal, que obliga a suprimir todos los símbolos de la época franquista.
Lo que sí reconoce la sentencia es la decisión adoptada por el anterior gobierno local de quitar la estatua situada frente al cuartel de Atocha, así como la placa con el nombre de Millán Astray en la que se encontraba ubicada la efigie del fundador de la Legión. La medida fue aprobada en el pleno de septiembre de 2009 –en el que se acordó la eliminación de 53 símbolos del franquismo–, y el 22 de enero de 2010, a las siete de la mañana, el Ayuntamiento retiraba la escultura del militar, para guardarla posteriormente en los almacenes municipales.
De hecho, el acuerdo para levantar la estatua fue ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en enero de 2011 ante la petición formulada por la Asociación de Veteranos de la Legión “20 de noviembre” para suspender la decisión municipal de suprimir la efigie, mientras no se resolviese el procedimiento contenciosos abierto contra el acuerdo plenario municipal de septiembre de 2009, en el que se incluía tanto la eliminación de la estatua como la supresión de los honores a Millán Astray. El TSXG entendía que, frente a las reclamaciones de la agrupación, debía prevalecer “el interés general sobre el del particular”.
En el otro lado de la balanza se encuentra la postura del presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, Manuel Monge, que a principios de agosto remitió una carta al alcalde en la que le urgía a recurrir la sentencia que obligaba a devolver el título de hijo predilecto. En el documento, el portavoz de la agrupación explicaba que la decisión del bipartito entraba “de cheo nos supostos recollidos na lei da memoria histórica pola súa participación no golpe militar de 1936 e, posteriormente, ocupando postos de responsabilidade na dictadura, sendo procurador en Cortes”.