El Ayuntamiento busca una salida social al fenómeno de la venta callejera ilegal

La actividad de los manteros y otros vendedores callejeros, como los que se apostan en los semáforos para abordar a los conductores, es perseguida de forma habitual por los agentes municipales, porque supone una infracción de las ordenanzas que regulan la venta en espacios públicos. Sin embargo, y pese a los mejores esfuerzos de la Policía Local, la actividad no desaparece. Al contrario: según las estadísticas las denuncias por venta ambulante pasaron de 163 en 2009 a 575 en 2012. Es por eso que mañana, el director de Servicios Sociales, José Luis Quintela, se reunirá con los portavoces de los colectivos de que defienden a los vendedores callejeros: el Foro Galego da Inmigración y la Asociación sen Papeis.
Se trata de la primera reunión de este tipo que celebra el Ayuntamiento. La semana pasada se celebró otra, pero en esa ocasión estaba presente el jefe de la Policía Local, José Antonio Brandariz, y el director de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, y en ella se discutió precisamente sobre la presión policial que está recibiendo este colectivo, especialmente el de los que venden pañuelos y chicles en los semáforos, que se ha vuelto más visible en el último año. “Dicen que si los persiguen es porque lo que hacen supone una infracción contra la seguridad en el tráfico, pero no comprendo entonces por qué les incautan lo que venden, eso no tiene sentido, parece una excusa”, protestó Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego da Inmigración.
Pero también es cierto que la Policía Local ha actuado contra otros colectivos que también trabajaban en los pasos de cebra, como el de los malabaristas que actuaban en la plaza de Ourense, por considerarlos también un peligro para la seguridad vial por su costumbre de meterse entre los coches. En todo caso, los portavoces de la ONG señalan que los vendedores de los semáforos no son muchos, ni suponen una verdadera molestia para el público. “No son más que una docena de procedencia nigeriana”, señaló Nicanor Acosta. Se trata de un colectivo pequeño, bien integrado en la ciudad, y que antes de que estallara la burbuja inmobiliaria tenía un empleo estable en la construcción. Con la crisis y la falta de empleos, se han visto abocados a la venta callejera.

ayudas
Desde las ONG reconocen que el Ayuntamiento parece dispuesto a negociar. Aunque no van a permitir una práctica que supone una infracción de las ordenanzas municipales, el área de Servicios Sociales, que dirige Miguel Lorenzo, está dispuesto a ayudar a estas doce familias con ayudas de emergencia. Acosta señaló que “todos ellos llevan tiempo suficiente en A Coruña como para tener derecho a ella. Algunos tienen niños nacidos aquí, que son tan españoles como cualquiera”.
También tendrían derecho a la Renda de Integración Social de Galicia (Risga). Pero, en todo caso, las ONG recalcan que no se trataría de una verdadera solución: “De lo que se trata aquí es de encontrar una manera de insertarles laboralmente, porque es la única manera de que salgan adelante”, insistió Acosta.