10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
La decisión municipal de paralizar los trabajos en el futuro polígono residencial de Náutica fue la gota que colmó la paciencia del sector inmobiliario, que en la última semana salió a la palestra para denunciar la gestión “muy deficiente” de los permisos por parte del Ayuntamiento. Ante las denuncias y reivindicaciones de los promotores, el alcalde, Xulio Ferreiro, habló de la necesidad de adaptar los proyectos a la nueva norma. No obstante, todo el discurso se refería al Plan General de Ordenación Municipal de 2013, dado que la mayoría de las licencias existentes se remonta al de 1998 (PGOM). Al margen de la legitimidad o no de dar por caducados los expedientes de trabajos en curso, la gran pega para las empresas es que de adaptarse al último PGOM verían muy mermada su capacidad de edificabilidad y, por tanto, de venta y retorno económico.
Ante las quejas de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco) y de la Asociación de Emprendedores de Galicia(Ascega) sobre los problemas para conseguir licencias de obra en la ciudad, el regidor, Xulio Ferreiro, aseguraba estos días que “alí onde os promotores se adaptaron a nova lexislación, como na Fábrica de Tabacos, as licenzas saíron adiante”.
Aludía a una supuesta nueva norma como si la Marea hubiese redactado otro documento por el que guiarse generando ciertas dudas entre la población. Sin embargo, en sus mensajes a los constructores se refería a los cambios aplicados en el PGOM que sacó adelante el Gobierno del Partido Popular en 2013 y que modifica algunas particularidades de los inmuebles con respecto a lo que contemplaba el plan de 1998.
El galimatías al comparar ambos planeamientos es impresionante, porque incluso hay zonas que cambiaron de nombre o de extensión en 15 años. No obstante, los expertos destacan que la gran pérdida para los promotores vendría por el cambio en los criterios de edificabilidad que implicó el PGOM de 2013.
Si en 1998 el bajo cubierta, las entreplantas o los trasteros no hacían perder capacidad de construir pisos, esos mismos espacios si se descuentan del cómputo global desde 2013. Es decir, computan dentro de la edificabilidad total reconocida en los expedientes.
Un ejemplo más gráfico o más entendible es que si antes los trasteros iban en la planta superior del edificio o había un ático y un permiso para construir seis pisos, en la práctica se podían levantar esas seis plantas y, a mayores, la planta de trasteros o bajo cubierta.
sentencias judiciales
Por contra, ahora esos espacios también cuentan y vendrían a completar las seis plantas, lo que supondría una gran pérdida de capacidad para crear viviendas de los constructores y, en consecuencia, les causaría perjuicios económicos.
La variación del articulado también supuso acabar con picarescas muy puntuales y vino obligada por leyes de más alto rango tanto a nivel autonómico como estatal. En cierto modo es lógico que las nuevas tramitaciones se ajusten a estos mandatos, pero lo cierto es que, según avalan sentencias judiciales, las obras que están en curso cuyos permisos venían de atrás deberían poder seguir con los planes tal y como se aprobaron en 1998.
La demanda del alcalde, Xulio Ferreiro, escapa a toda lógica si se tiene en cuenta que diversas sentencias del Tribunal Supremo indican que no se sostiene que se inicien los expedientes de caducidad de licencias de obras cuando las empresas concesionarias ya las están ejecutando o están dando pasos para hacerlas.
El sector reveló en estas semanas –tras la polémica de Náutica– que para recurrir a esa estrategia, el Ayuntamiento debería tener constancia de una renuncia real de las compañías a sus derechos de edificación. Por ello, el Gobierno local difícilmente podría explicar posibles procesos judiciales por este motivo.
