Diez hosteleros reciben multas por valor de 12.000 euros por la emisión de ruido

La ordenanza de ruidos estrenada durante el año pasado ha comenzado a tener sus consecuencias. Fuentes cercanas al sector de la hostelería revelaron a este diario que durante 2014 el Ayuntamiento impuso sanciones por sobrepasar los niveles de ruido permitidos a una decena de establecimientos coruñeses. Cada uno de los negocios tendrá que hacer frente a una multa de 12.001 euros, algo que obligará a echar el cierre a varios negocios acuciados por los problemas económicos.
Los hosteleros coruñeses querían una norma que regulase los decibelios que se podían emitir desde los locales para salvaguardarse las espaldas pero no esperaban toparse con unas castigos que consideran exagerados si no cumplían con su parte. Algunos empresarios consultados explican que desde que entró en vigor el último documento redactado por el Gobierno local se ha exigido el pago de algo más de 120.000 euros.
Uno de los expedientes abiertos a consecuencia de los informes negativos de la patrulla verde de la Policía Local al que tuvo acceso este diario confirma esa versión. “En los hechos constitutivos de la presente infracción antes descrita no se aprecia ningún tipo de agravante, por lo que se propone la imposición de la sanción 12.001 euros”, indica el texto.
Similares serán las facturas que deberán abonar otras nueve empresas que no se ajustaron a los límites legales. Los hosteleros dicen entender como lógicos pagos “de hasta 1.000 euros” en casos leves como este –los más graves pueden llegar a penalizarse con 300.000 euros– pero las cifras que se han fijado les parecen excesivas. “La aplicación de la ordenanza debería ser gradual y razonable”, defienden.
En este contexto, está previsto que algunos de los afectados recurran ante la Justicia pero no todos lo harán porque el proceso requieren un enorme adelanto de dinero y las cuentas se han resentido debido a la caída del consumo.
Este gasto viene a imponer una sentencia de muerte para varios de los bares afectados, como han remarcado sus propietarios. La multa supone la puntilla a unos años en los que los balances disminuyeron mientras los gastos de los seguros sociales, la electricidad y otros apartados hacían el camino inverso. Para los que incoarán los expedientes queda alegar que la patrulla verde no está capacitada para realizar un informe de mediciones tan complejo como el necesario.
“A nosotros se nos piden informes técnicos y tenemos que pagar a una empresa homologada y a un ingeniero para que vengan a medir y al Ayuntamiento le valen los cálculos de la Policía Local”, critican desde el sector.