Denuncian otro piso “okupado” en el inmueble de Ribeira Sacra

La comunidad de vecinos de los números 15, 17, 19 y 21 de Ribeira Sacra denunció ayer un nuevo allanamiento en uno de sus inmuebles. Concretamente, en el portal 17, donde aseguran que unos jóvenes han ocupado uno de los pisos vacíos de titularidad pública para su uso y disfrute particular. Lo curioso es que, según el presidente de la comunidad, Javier Mañana, los “okupas” son vecinos suyos, porque se trata de los hijos de uno de los inquilinos de uno de los pisos de la Xunta. “Se han apropiado del piso para celebrar allí sus fiestas”, asegura. 
El piso está vacío, y pertenece a una administración pública, aunque la comunidad no está segura si es el Ayuntamiento o de la Xunta. Por si fuera poco, el jueves descubrieron en el portal 21 señales que delatan un intento de forzar la puerta del piso donde vive una mujer con su hijo. Afortunadamente, la cerradura de seguridad resultó ser demasiado para el aspirante a okupa y no pudo entrar. Aunque Mañana admite que podría tratarse de un intento de robo sin más, también sospecha de sus vecinos. 

reunión
“Ya hemos dicho una y otra vez que aqui lo que más nos preocupa no son los okupas, sino la gente que ha metido aquí la Xunta y que no sabe comportarse”, recordó el presidente de la comunidad, que les acusa de vandalismo, robos, amenazas y tráfico de drogas. Llevan soportando desde hace años este problema de convivencia, del que los vecinos están más que hartos, y acusan al gobierno autonómico de pasividad. “Nos reunimos hace unos días con la jefa de inspectores y nos dijo que se estaban tomando medidas”, explica.  
Estas medidas son de carácter legal. El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), al que pertenecen cerca del 90% de las viviendas que se encuentran en estos cuatro portales anunció hace dos semanas que va a tomar medidas legales para expulsar a los okupas. Los técnicos del instituto ya visitaron el lugar acompañados de la Policía para comprobar la situación. Quieren expulsarles para volver a adjudicar los pisos siguiendo la lista del Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida. Pero a cerca de sus inquilinos, el IGVS no se pronuncia. La comunidad asegura que pueden echarles, dado que se comprometieron por escrito a cumplir las normas de convivencia. “Pero nos dijeron que no sería políticamente correcto”, afirma su presidente.