Decisiones en privado y desdichos ante los micros

Hasta en tres ocasiones se colocó el Gobierno local ante la prensa esta semana para desdecirse de algunas de sus decisiones más polémicas. Obligado por la presión ciudadana o por las reclamaciones públicas de los colectivos afectados, el equipo de Xulio Ferreiro marcó un hito al dar marcha atrás en tres determinaciones durante tres días consecutivos.
La rectificación más relevante es la que se refiere al calendario fiscal. Si el anuncio de los periodos de pago de impuestos municipales establecido para este año había pasado desapercibido para buena parte de los vecinos –el Ayuntamiento hizo llegar una nota de prensa a los medios de comunicación el pasado 17 de febrero–, el cargo del primer recibo del IBI a aquellos vecinos con el pago fraccionado el día 1 de este mes activó una polémica que arreció en las dos semanas siguientes. Tanto asociaciones profesionales como vecinales alzaron la voz para denunciar el perjuicio que les supondría el adelanto de esta tasa a mayo. Los grupos municipales recogieron las demandas y aprobaron en el pleno mociones que reclamaban la revocación del calendario y el regreso a los plazos de años anteriores. Después de negarse en varias ocasiones a acatar la decisión de la cámara municipal –con el argumento de que sus resoluciones no son vinculantes– y pendiente de un pleno extraordinario y una recogida de firmas contra el adelanto del IBI, el alcalde anunció el miércoles que cedía a la petición popular.
El día anterior otra cuestión económica había centrado la polémica: el nuevo contrato que rebajaba las condiciones de los limpiadores de varios edificios municipales. Nueve de ellos cobrarían un 10% menos de sueldo y otro, un 25% menos. Los afectados denunciaron su situación ante el grupo del Partido Popular, que expuso el conflicto ante la prensa. Unas horas después, desde la Concejalía de Hacienda se reconocía un error en los pliegos del concurso y se anulaba este, anunciando nuevos pliegos que mantendrán los sueldos y las horas trabajadas de los limpiadores. 
Mientras, con el foco en el calendario fiscal, desde los despachos de la planta noble de María Pita se comunicaba a los miembros de Protección Civil que no tenían permiso para participar en las procesiones, como habían hecho en los últimos años. Ni el carácter voluntario de su actividad ni la condición de cofrades de honor de los efectivos pesaban más que la voluntad del Gobierno local de no colaborar en las celebraciones religiosas. Esta prohibición duró un par de días y terminó con un nuevo anuncio público por parte del Ayuntamiento: los miembros de Protección Civil interesados en procesionar tenían permiso para hacerlo previa comunicación al Consistorio.
Los desdichos de esta semana se engloban en una práctica frecuente por parte del Gobierno de la Marea, que en numerosas ocasiones anteriores se ha visto obligado a rectificar o matizar decisiones y declaraciones.