Cuando la opacidad se convierte en muro

Cuando la opacidad se convierte en muro
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El hartazgo ante la opacidad y la arbitrariedad son, probablemente, el mayor revulsivo para Romina Prado, una estudiante de tercer ciclo y profesora interina en la facultad de Sociología inmersa desde hace casi cinco años en un proceso judicial y dispuesta a pelear por la transparencia y el correcto funcionamiento de las administraciones.
Su proceso comenzó cuando la docente, premio nacional de fin de carrera en el año 2006, interpuso un recurso contra la adjudicación de dos plazas de profesor. El presunto “moving” y “bullying” al que, asegura, fue sometida en el departamento a raíz de su acción la llevó a plantear un recurso administrativo y a iniciar, posteriormente, un proceso penal por acoso que podría cerrarse sin que, a su criterio, se hayan depurado las debidas responsabilidades. Su última baza se juega en la Audiencia Provincial, que ya en un ocasión ordenó al juzgado reabrir la investigación del caso y que tiene en su mano volver a dar impulso a un proceso que a Prado le ha costado cinco años de promoción laboral y salud.
El próximo mes de junio, este tribunal debe decidir si estima su recurso y anula el sobreseimiento que decretó hace más de un año la jueza que dirigía la investigación por acoso, tras admitir en su último auto una relación de causalidad entre los “sucesos” ocurridos en la Universidad y el “grave estrés” de la denunciante.

hasta europa
“Estoy dispuesta a llegar hasta Europa. Estos cinco años de mi vida nadie me los va a devolver y a mí el dinero no me resarce. Quiero justicia ”, avanza la joven, que en el curso del proceso ha tenido que enfrentarse a toda clase de problemas por la falta de transparencia de las distintas administraciones. Dificultades a la hora de acceder a su historial clínico –solo fue remitido al juzgado después de que la magistrada instructora lo reclamara al Sergas por dos veces– o a consultar su expediente judicial, y demoras constantes por parte del juzgado son solo algunos de los escollos que ha encontrado a la hora de reclamar lo que considera un derecho de todo ciudadano: “Me harté. Estoy harta de la Universidad, harta del juzgado... Quiero que se hagan las cosas bien”.
Y, pese a que el enfrentamiento con la Universidad la llevó a perder kilos e incluso a sufrir ingresos hospitalarios, esta miembro de la Plataforma contra la Corrupción y el Acoso en la Universidad no se rinde cuando lo que defiende es de justicia. “Quiero poner mi granito de arena. En la UDC no tenemos un protocolo para el acoso, y para mí ya será tarde. Espero que no para otros”, ejemplifica.
En su objetivo está dispuesta a recurrir a cualquier órgano que defienda al ciudadano frente una Administración que, a veces, no está al servicio de quien debiera, y a plantar cara al más poderoso. Su último paso ha sido presentar una queja ante la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por los retrasos de su proceso y las disfunciones a la hora de ser notificada de las resoluciones judiciales que la atañen. Aunque la primera respuesta ha sido el archivo, no se da por vencida y ha logrado que el tribunal la reciba y vuelva a admitir nueva documentación sobre sus denuncias.

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