Crespo promete llamar a declarar a altos funcionarios y cargos del PP

Cuando Gerardo Crespo llegó ayer al juzgado de instrucción número 8 a declarar. Pero no pudo ser: media hora después, el empresario imputado en la llamada operación “Z”, que investiga un delito de fraude de 20 millones de euros en cursos pagados con fondos públicos, salió del juzgado para anunciar que había decidido guardar silencio. Prometió que hablará en su momento y que llamará a declarar a muchos miembros de la Xunta, tanto funcionarios como altos cargos.
La razón de que Crespo se negara a realizar una declaración es que falta el informe de Hacienda, que lleva preparando desde hace año y medio y que serviría para probar otros cargos. “Hasta que no esté, no sé de lo que me acusan, y la jueza me lo ha reconocido”, aseguró Crespo. De esta manera, el proceso judicial comenzaba en falso, a pesar de las “muchas ganas de declarar” del empresario, que aprovechó para reivindicar su inocencia y asegurar que sus cursos “están auditados y fiscalizados por la Xunta”.
El dueño de Azetanet se describió así mismo como un hombre arruinado: “Aunque se ha publicado que he ganado millones, todo estaba invertido”. También recordaba que se habían perdido 150 puestos de trabajo con un gasto anual de 2,5 millones de euros. El imputado recordó el largo proceso que comenzó con los pinchazos telefónicos de la Policía hace tres años, y que forman parte de una investigación que descalifica: “El sumario es tendencioso, porque saca primero las conclusiones y luego busca las pruebas que la corroboren”.
Pero los dardos más afilados de Crespo iban dirigidos hacia el partido al que perteneció y que le hizo el vacío cuando estalló el escándalo: “el PP es la corrupción crónica y la deslealtad generalizada”. Aunque el empresario se retractó de unas declaraciones en las que reconocía haber sobornado a  políticos, dejó entrever en un comunicado que el tráfico de influencias es la norma habitual en la Xunta: “O estás con los amigos o no estás”.
Así aludía a otra figura prominente en la trama, Pachi Lucas, el conseguidor de Crespo y al que se relaciona directamente con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. Pero es a la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, a la que le salpica directamente la trama.
Crespo reprocha a ambos que afirmen que fue la Xunta la que detectó las irregularidades y las denunció: “La conselleira y el presidente mienten, ellos no fueron los primeros en mandarnos al fiscal, sino las empleadas de Caype (la empresa de otro imputado, Eliseo Calviño)”. Cuando se enteraron de lo que ocurría, en la Xunta dejaron de cogerle el teléfono. “Todo está documentado con grabaciones y testigos”, afirma.