sábado 5/12/20

Crespo acusa al fiscal superior de filtrar información de su caso al PP

El dueño de Azetanet, Gerardo Crespo, acudió ayer de nuevo a declarar al juzgado de instrucción número 6. La operación “Zeta” le describe como el supuesto cabecilla de una trama acusada de fraude en el cobro de subvenciones o estafa y malversación de 20 millones de euros caudales públicos

Gerardo Crespo, a su llegada a los juzgados | quintana
Gerardo Crespo, a su llegada a los juzgados | quintana

El dueño de Azetanet, Gerardo Crespo, acudió ayer de nuevo a declarar al juzgado de instrucción número 6. La operación “Zeta” le describe como el supuesto cabecilla de una trama acusada de fraude en el cobro de subvenciones o estafa y malversación de 20 millones de euros caudales públicos destinados a formación, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de fondos publicos. Crespo aprovechó para repasar el caso, que comenzó en diciembre de 2011, y acusó al fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, de filtrar la investigación al entonces alcalde, Carlos Negreira.


“El fiscal superior de Galicia filtra a Negreira (también presidente provincial del PP) que mi teléfono está pinchado”, asegura. A partir, de ahí, en palabras de Crespo “sucede una cosa rarísima”: inspecciones sorpresa de la Xunta. “La Xunta hace inspecciones a unos planes que no son inspeccionables”, insistió.
Crespo sabía que algo ocurría pero, como él mismo admitió, no podía saber que su teléfono estaba pinchado. Intentó ponerse en contacto con Negreira en numerosas ocasiones, pero este nunca le respondió, ni tampoco a sus mensajes, cada vez más desesperados. Como afiliado del PP, no podía comprender por qué sus contactos le hacían el vacío de repente. Según él, la Xunta siguió con su política de cortafuegos y revocó los cinco cursos que subvencionaba a Azetanet. “Fue la primera vez en la historia de España en la que se revocaban unos planes integrales de empleo”, apuntó su abogado defensor, Ramón Sierra.


Pero el imputado no estaba dispuesto a renunciar a unos cursos de los que dependía la supervivencia de su empresa, así que recurrió la decisión de la Xunta: ”El recurso que presentamos lo ganamos, pero curiosamente el mismo día del registro, el 6 de junio de 2012, la Xunta revoca definitivamente los planes integrales de empleo”, recordó.

Falsedad documental
Precisamente, ayer acudió a declarar sobre la documentación que presentó para recurrir esa decisión de la Xunta, que los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) sospecha que es falsa. Es una pieza separada del sumario: la presunta falsedad de unos certificados donde empresarios dan fe de la visita de orientadores laborales que trabajaban para Crespo, que dijo: “Ya han declarado varias personas que han reconocido que es su firma, así que estoy muy tranquilo. Caligráficamente no podrán probar nada”.


La intervención ante la jueza duró 50 minutos y Crespo colaboró respondiendo a todas las preguntas, según manifestó su abogado. El imputado explicó que el método de su empresa consistía en enviar orientadoras laborales a las empresas con los currículum de las personas formadas, puesto que cobraban por cada alumno que insertaban laboralmente. El objetivo era que el 40% de los que realizaban el curso hallaran trabajo.


El imputado se presentó como la víctima de un largo proceso legal. “Han roto mi empresa y arruinado mi patrimonio. Ahora me dicen que la jueza tiene prisa por acabar el caso. Si tiene algo de lo que acusarme, que lo diga”.

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