Un contrato con un abogado socio de Lorenzo enzarza a gobierno y oposición

Un contrato con un abogado socio de Lorenzo enzarza a gobierno y oposición
07 diciembre 2014 A Coruña.- Fotografía de Miguel Lorenzo, concejal de Servicios Sociales

El gobierno local y el PSOE volvieron a enzarzarse ayer en un nuevo cruce de acusaciones mutuas. El detonante, esta vez, fue la firma de varios contratos públicos con un abogado asociado con el edil Miguel Lorenzo, que habría prestado servicios de asesoramiento legal para la Fundación Luis Seoane y el Consorcio de Turismo.
La concejal socialista Silvia Longueira pidió ayer explicaciones al alcalde sobre la contratación de este abogado, Ricardo López Mosteiro, y urgió al regidor a que aclarara “si el código ético de Feijóo no vale para su concejales”. Longueira se refería así a la dimisión de hace unas semanas del presidente de Sogama, Luis Lamas, tras conocerse que contrató a su despacho de abogados para prestar servicios de asesoría.
En este caso, y tras poner sobre la mesa los contratos firmados entre la Fundación Luis Seoane y el Consorcio de Turismo con este abogado “compañero de despacho de Lorenzo”, como aseguraba Longueira, la socialista sugirió que el edil de Servicios Sociales debía seguir el mismo camino que el presidente de Sogama.
Durante una rueda de prensa ofrecida ayer, la concejala socialista insistió en que “la contratación de los servicios de abogado que comparten despacho con el concejal de Servicios Sociales, que se ha visto beneficiado en este Ayuntamiento, al menos, con un contrato de 10.890 euros en el Consorcio de Turismo”.

respuesta municipal
Sin embargo, en el gobierno local hacen otra lectura de estos contratos firmados por el abogado López Mosteiro con estos dos organismos. Dos entidades, recalcan, “autónomas e independientes” del Ayuntamiento en su funcionamiento interno y que “toman sus propias decisiones a la hora de incorporar profesionales que ayuden a defender jurídicamente los intereses de ambos organismos”.
Sobre el proceso de contratación de los servicios del abogado cuestionados por el PSOE, el gobierno de Carlos Negreira señala que están avalados por unanimidad por los patronos de la Fundación Luis Seoane y por la Gerencia del Consorcio de Turismo e, insisten, “se basaron en procedimientos ajustados a la legalidad y solo buscaron incorporar asesoramiento de un experto en derecho laboral de reconocido prestigio y dilatada experiencia profesional en la ciudad”.
Asimismo, desde el Ayuntamiento recuerdan que Miguel Lorenzo se abstuvo de votar la decisión de incorporar a este abogado en la reunión del patronato de la fundación cultural y, además, habría informado “expresamente” a los patronos de que compartía con López Mosteiro espacios comunes en el mismo edificio.
A través de un comunicado en el que se dan todas estas explicaciones, el Ayuntamiento también señala que Miguel Lorenzo y López Mosteiro no eran socios en ganancias. Se aclara que ambos abogados, y otros tres profesionales, tienen “una comunidad de gastos de alquiler de un local y suministros básicos desde hace más de 20 años, teniendo cada uno entidad propia, actividad independiente, teléfono independiente y gastos independientes, que no comparten ni pleitos, ni ingresos, ni beneficios y que cada uno lleva a cabo su propia facturación y tributación conforme a sus ingresos”.

cruce de acusaciones
Tras exponer estas aclaraciones sobre la relación de Lorenzo con López Mosteiro y recalcar la independencia del concejal en la contratación del abogado, el Ayuntamiento acusa al PSOE de dar inicio con estas acusaciones a una “campaña de mentiras” ante la proximidad de las elecciones, dicen. “Es paradójico que trate de dar lecciones de honestidad una concejala como Silvia Longueira que fue nombrada a dedo como directora de la Fundación Luis Seoane por un alcalde socialista”, señala el gobierno local.
En esta misma línea hablan de un “ejercicio de demagogia y difamación del PSOE” y de una cortina de humo que “trata e ocultar el escándalo en la gestión de las concesiones municipales”. Desde el grupo de gobierno se critica a la portavoz Mar Barcón por no dar explicaciones sobre esta cuestión en días. 

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