10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
El juzgado de lo penal número 1 de A Coruña ha dictado sentencia por el caso de la grúa que se desplomó en noviembre de 2002 sobre un emblemático edifico de la Calle Real de A Coruña, un accidente en el murieron dos ancianas, confirmando las penas de 3 meses de prisión y una indemnización que supera en total los 730.000 euros.
El auto, confirma el acuerdo de responsabilidad penal al que habían llegado las partes y que supone penas de tres meses de prisión e inhabilitación profesional para los seis condenados por dos delitos de homicidio por imprudencia grave y daños por imprudencia grave.
La resolución recoge también las indemnizaciones que percibirán los afectados, cuya cuantía total asciende a más de 730.000 euros que deberán afrontar las aseguradoras.
El magistrado recoge en su sentencia la petición de la Fiscalía de aumentar las compensaciones, aunque la cifra fijada no alcanza las pretensiones iniciales de la acusación particular que reclamaba la reparación "íntegra" de todos los perjuicios, lo que incluiría no sólo el importe de la rehabilitación y de los costes asociados, sino también el lucro cesante, los intereses de demora de hasta un 20%.
A lo que sí ha accedido el juez es ha incluir una compensación de 8.000 euros por daños morales a los afectados.
El desplome de la grúa se produjo el 13 de noviembre de 2002 al tiempo que el petrolero 'Prestige' permanecía escorado frente a las costas gallega y afectó a varios edificios del centro de A Coruña, entre ellos el Teatro Rosalía de Castro, cuya cubierta albergaba algunos frescos de Urbano Lugrís.
No obstante, el inmueble más afectado fue el número 3 de la calle Real, cuyo quinto piso, en el que vivían desde hace medio siglo las dos ancianas, cuyos cuerpos sin vida fueron difícilmente reconocidos por los forenses, fue arrancado de cuajo por la pluma de la grúa.
La grúa, propiedad de la empresa Talleres Hércules, había sido instalada para las obras en un edificio contiguo, el número 6 de la calle Real, a cargo de la firma Construcciones Fermira.
El incidente, y la tardanza de la justicia, obligó a los afectados a afrontar el coste de la reparación de un inmueble de gran valor patrimonial -un edificio modernista construido a finales del siglo XIX y catalogado como patrimonio cultural- con un valor sólo en materiales de más de 300.000 euros.
Los afectados tuvieron que afrontar con su propio patrimonio el gasto lo que obligó a alguno de ellos a vender sus propiedades para sufragar los costes.
