11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
El gancho, la promesa de un contrato laboral de al menos un año para introducirse en el sector de la construcción ferroviaria de Bulgaria con un sueldo de hasta 1.800 euros mensuales. El fraude, los 150 euros que se reclamaba a los aspirantes al puesto con el pretexto de tramitar los contratos de trabajo ficticios.
Con estos ingredientes se gestó hace dos años la estafa con la que un falso empresario se aprovechó de una veintena de ciudadanos peruanos y por la que acaba de aceptar ante el juez una pena de seis meses de prisión. Para captarlos, según se refleja en la sentencia del juzgado de penal 5, se aprovechó de un operario que tiempo antes había trabajado a su cargo en una obra de similares características y usó esa experiencia común para dar apariencia de realidad a su engaño.
Fue, según consta en la resolución, a través de este compañero de trabajo como contactó con el resto de las víctimas. El hombre, que como el resto de perjudicados es de origen peruano, respondió a la oferta de su conocido, que lo emplazó a buscar una cuadrilla amplia para comenzar a trabajar en territorio búlgaro después de ofrecerle a él mismo un contrato a cambio de los 150 euros de tramitación.
Siguiendo el relato de hechos probados, a través de ese “gancho” el acusado contactó con 18 trabajadores, a los que igualmente se les requirió documentación y el pago de 150 euros anticipados a través de un giro postal, que irían destinados a formalizar el supuesto contrato laboral.
plan marcado
Entre mayo y agosto de 2011, todos ellos ingresaron la cuota en la cuenta señalada, con la convicción de que ese mismo año viajarían a Bulgaria, y comenzaron a llamar al supuesto empleador para interesarse por los detalles del trabajo.
Pero, como señala el dictamen, los plazos y las excusas del procesado respondían al plan ideado por él, y que tenía como única finalidad apropiarse del dinero de las víctimas “sin que los perjudicados tuviesen en ningún momento la posibilidad de acceder al trabajo que se les había ofertado”, ya que no se había realizado ningún trámite en ese sentido.
En atención a las cantidades estafadas, la sentencia estipula que el autor confeso de los hechos indemnice a los denunciantes en un total de 2.550 euros.
