martes 07.07.2020

Cien familias de Novo Mesoiro ultiman las demandas por la retirada de ayudas a la hipoteca

Los inicios fueron lentos pero el movimiento reivindicativo de los vecinos de Novo Mesoiro para recuperar las ayudas a la hipoteca de sus pisos de protección autonómica toma cada vez más fuerza.

a la reunión de ayer acudió medio centenar de personas pedro puig
a la reunión de ayer acudió medio centenar de personas pedro puig

Los inicios fueron lentos pero el movimiento reivindicativo de los vecinos de Novo Mesoiro para recuperar las ayudas a la hipoteca de sus pisos de protección autonómica toma cada vez más fuerza. El presidente de la asociación vecinal, Nilo Moreno, confirmó ayer que el abogado contactado por la entidad ya trabaja “en el estudio de 120 demandas judiciales” por la denegación de las subvenciones en base a una interpretación retroactiva de un decreto ley.
Es casi seguro que a esos más de cien futuros demandantes que exigirán el pago de las ayudas se sumen muchos más, pues la asociación de vecinos del barrio –que ayer celebró una reunión informativa a la que asistió medio centenar de personas– informó de que, de momento, hay otras 24 familias que han presentado otros tantos recursos de alzada ante la Xunta para demostrar su disconformidad con la supresión.

con efecto retroactivo
Según la organización, el Gobierno gallego –que en todas las ocasiones que fue consultado por este diario afirmó que sus subvenciones a la vivienda de protección siguen vigentes– se basa en un decreto ley publicado en 2012 relativo al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 para dar carpetazo de forma negativa a todas las revisiones de las ayudas de los beneficiarios, cumplan o no los requisitos por los que en su momento fueron concedidas.  
El contenido indica que “quedan suprimidas las ayudas de subsidiación de préstamos” y “aquellas solicitudes que estén en tramitación y no hayan sido objeto de concesión”. Sin embargo, la aplicación se está llevando a cabo de manera retroactiva a planes anteriores.
Por ello, Moreno calcula que los cientos de familias que percibían estas ayudas –“una media anual de 1.500 euros”– descubrirán la situación a medida que toque renovar sus convenios y acabarán por unirse al colectivo que prepara las demandas.
Los vecinos cuyas ayudas sí vinieron aprobadas tampoco están recibiendo el dinero, por lo que el camino judicial, creen, es también su mejor opción.

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