Un centenar de jubilados se echa a la calle en defensa de sus pensiones

Fue una manifestación totalmente apolítica: no se permitieron signos de ningún tipo, ni banderas españolas ni gallegas ni anagramas de ningún partido político o sindicato. La Asociación de Jubilados Españoles (AJE) Galicia-La Coruña, se concentró ayer en el Obelisco, pasando por al calle Real y Riego de agua, para terminar en María Pita, donde exigieron garantías de unas pensiones dignas al Gobierno central. En total, fueron más de un centenar de personas las que se unieron al a protesta.
Ya son muchas: los pensionistas están realizando una fuerte campaña de movilizaciones en defensa de sus derechos, que consideran amenazadas por la decisión del Gobierno central de moderar la subida de las pensiones, y el Obelisco se está convirtiendo en el epicentro de las protestas a nivel local, protestas que se reproducen por numerosas ciudades de la geografía nacional.

Derogación de la reforma
El sábado cuatro ya habían realizado una concentración similar, pero en aquella ocasión se había conseguido reunir a cerca de 400 personas en el Obelisco convocadas por el Movemento pola Defensa das pensións (Modepen). Todas estas plataformas pretenden un acuerdo a largo plazo para las pensiones, incluyendo una reforma del sistema que incluya la derogación de la reforma de 2011 y de 2013. También se mostraron en contra de la privatización de las pensiones a través de los fondos de aseguradores y bancos, así como de que se introduzca el factor de la sostenibilidad para determinar su aumento conforme al IPC.
De hecho, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, recalco el viernes que la subida de las pensiones para 2018 y 2019 conforme a la inflación responde a una “circunstancia excepcional”, fruto de un acuerdo político (entre el PP y el PNV) y que el Gobierno no considera derogada la reforma de las pensiones de 2013. Los propios pensionistas consideran que este pacto atiende “únicamente” a fines políticos para desbloquear la aprobación de los Presupuestos por parte del Gobierno central y que no va tener continuidad para “consolidar” la mejora de las prestaciones que reciben.
La oposición insiste en que mantener el poder adquisitivo de las pensiones no solamente es posible, sino que además es lo que se está haciendo en todos los países europeos salvo Lituania e Irlanda. El PSOE calcula el coste en 1.600- 1.800 millones de euros, sufragables según su propuesta con el aumento de las cotizaciones vía incremento de los salarios y la racionalización de gastos de la Seguridad Social. l