jueves 14.11.2019

Casi el 80% de los juicios por accidentes de trabajo acaban en sentencia condenatoria

Los accidentes laborales cuestan varias vidas cada año, seis durante el pasado en A Coruña y su entorno. Para bajar a cero esa cifra, la Fiscalía especializada trabaja desde distintos frentes, uno de los cuales supone sentar el banquillo a los culpables de no procurar las medidas de seguridad que permitan a los trabajadores volver a sus casas indemnes al finalizar su jornada.
La caída de una grúa en el Puerto Exterior acabó con la vida de un operario en octubre de 2011	patricia g. fraga
La caída de una grúa en el Puerto Exterior acabó con la vida de un operario en octubre de 2011 patricia g. fraga

“Nadie tiene que morir en el trabajo”. Lo dice el fiscal especializado en delitos relacionados con la siniestralidad laboral en A Coruña, Luis Anguita Juega, que a punto seguido reflexiona acerca de aquellas actividades “de riesgo” en las que a veces se producen accidentes aún cuando se cumplen todas las medidas de seguridad. Es en el resto de casos donde enfoca todos sus esfuerzos esta delegación de la Fiscalía, y con resultados, según destaca Anguita.

A día de hoy, entre el 70% y el 80% de las causas por esta materia que llegan a juicio acaban en condenas, que según la gravedad del caso pueden incluso llevar a los acusados a ingresar en prisión. “Desde la creación de la Fiscalía especializada –hace siete años– el porcentaje de condenas ha aumentado muchísimo, hay un cambio de tendencia en los juzgados de lo penal y en la Audiencia”, señala el fiscal.

Ello se debe, indica, a la formación específica de los fiscales que abordan estos casos, y también de los equipos de la Policía Judicial: “Hemos ido especializando los atestados, para que se identifique a los testigos desde un primer momento, se recaben todas las pruebas, se contacte con todas las aseguradoras y se realicen reportajes fotográficos o videográficos del entorno en el momento del accidente, para contar con todos los elementos probatorios”.

Infractores > El mensaje que quiere transmitir es claro: “La mayoría de empresas cumple. Vamos a por ese pequeño porcentaje que no lo hace (...) Creemos que toda persona, por el hecho de ir a trabajar, tiene derecho a volver a casa sana y salva. Mientras siga habiendo infractores, la Fiscalía no parará hasta rebajar su cifra”.

Los datos de delitos incoados por accidentes con algún fallecido respaldan la labor de la Fiscalía especializada, que además de la acusación ejerce también una labor de formación y preventiva con los colectivos implicados en los distintos sectores laborales, o con los sindicatos. Si en 2008 se registraron 15 muertes en A Coruña, los procedimientos han ido bajando desde esa fecha, de los 13 de 2009 y los 10 den 2010 hasta los seis incoados el año pasado, de los que la mitad han sido archivados por no haber indicios de delito.

Con todo, y según los datos de la Guardia Civil, A Coruña sigue siendo la provincia que más accidentes de trabajo registra de Galicia, 137 el año pasado, si bien la cifra lleva descendiendo de forma consecutiva desde 2008.

Indemnizaciones > Anguita Juega defiende el papel de la prevención en este campo desde todos los puntos de vista, también el económico. “Tratamos de explicar lo caro que puede salir y lo duro que es verse imputado en un proceso penal. La inversión en prevención, al final, sale más barata, es un ahorro, porque las indemnizaciones son altísimas”.

Porque, como subraya, el resarcimiento económico al perjudicado –el herido o su familia, en caso de fallecimiento– es también el objetivo de este tipo de procedimientos penales, además del castigo a los responsables de no garantizar la seguridad en el trabajo. “Aquí, tarde o temprano, el perjudicado cobra, y no nos tiembla la mano a la hora de pedir una indemnización justa”, alerta, para poner como ejemplo algún procedimiento en los que se ha llegado a pedir compensaciones cercanas al millón de euros.

Pero la condena del infractor no es menos importante. Es por ello que el fiscal apuesta por la creación de juzgados específicos de siniestralidad, que permitirían, en unión con la Fiscalía, dar una mejor respuesta a unos procesos que, admite, son complejos y en ocasiones demasiado largos.

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