Carril denuncia que un crédito bancario saldría más barato que el plan de ajuste

El portavoz municipal del BNG, Xosé Manuel Carril, denunció ayer que el plan de ajuste para el pago a proveedores supondrá una “operación ruinosa de endebedamento á que o PP someteu ao Concello”. Recuerda que el Ayuntamiento deberá pagar al Estado por el préstamo de 7,1 millones de euros unos intereses del 6%, cuando el gobierno local dispone de capacidad económica, a través de los remanentes de tesorería, y cuando la solicitud de un préstamo directamente a una entidad bancaría resultaría más rentable para las arcas locales.

Con esta operación, Carril considera que los populares solo “benefician a banca”, mientras se endeuda más a la administración municipal. Además, advierte de que la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en un artículo publicado en su revista de mayo, “xa alerta de que os plans de axuste serán inviábeis se os tipos de xuro superan o 5%, cando aquí xa se parte do 5,939%”.

Para los nacionalistas el plan de ajuste es una muestra más de que “a famosa política de austeridade do PP non supuxo nin benestar nin crecemento, só malestar social”. A esto suman la liquidación de los presupuestos de 2011, en la que, denuncian, se pone de manifiesto que los populares “non executaron completamente partidas relativas á promoción de emprego e á igualdade”.

Las críticas > “No sabía que Carril era un reconocido economista”, respondió el portavoz municipal, Julio Flores, a las críticas de los nacionalistas al plan de ajuste, mientras reitera que el Ayuntamiento “solamente ha tenido que solicitar siete millones” para pagar facturas pendientes, frente a la situación más complicada de otros municipios. El popular acusa al portavoz del BNG de “tener mala conciencia” por el “agujero de 170 millones” que, según asegura, dejó su grupo antes de abandonar el gobierno local hace un año. “Siguen sin entender que las deudas hay que pagarlas”, reprochó el popular, que recuerda que el Ayuntamiento lleva abonados más de 47 millones en “facturas pendientes” de la anterior etapa.