domingo 17.11.2019

Carrefour acata la sentencia del TSXG y comienza el derribo de su gasolinera de Alfonso Molina

El tribunal confirmó la ilegalidad de la licencia concedida para la construcción de la estación de repostaje
Los operarios empezaron esta semana a desmantelar la instalación | pedro puig
Los operarios empezaron esta semana a desmantelar la instalación | pedro puig

Carrefour está llevando a cabo desde esta semana los trabajos de desmontaje de la gasolinera del aparcamiento superior de su hipermercado en la avenida de Alfonso Molina después de que en junio el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmase una sentencia que declaraba ilegal la licencia concedida para su construcción.

Un juzgado de lo contencioso-administrativo anuló en 2016 el permiso otorgado por el Ayuntamiento dos años antes y el pasado mes de junio el TSXG confirmó esta decisión.

El motivo por el que se declaró ilegal la licencia fue que la instalación de repostaje no cumplía con los parámetros de seguridad necesarios en caso de incendio.

La demanda fue puesta en marcha hace cinco años por una empresa con propiedades en la zona y los recursos del Gobierno local y de Carrefour solo fueron estimados parcialmente, por lo que la única salida tras la confirmación del TSXG era el cumplimiento de la sentencia.

El mandato señalaba como necesarios tanto el cierre de la instalación como la demolición de la estructura con el fin de que se recuperase el estado anterior a que se llevase a cabo la obra.

El cierre de la gasolinera se produjo a finales del pasado mes de julio y posteriormente la empresa tuvo que presentar el proyecto para el derribo de la instalación. Esta actuación se está llevando a cabo desde esta semana y de esta manera se recuperará el estado que presentaba el espacio en enero de 2014, cuando se concedió la licencia que fue posteriormente declarada nula.

La junta de gobierno local aprobó a mediados del pasado mes de julio la sentencia confirmada por el TSXG y posteriormente se la trasladó a la empresa, que contaba con un plazo de tres meses para dar cumplimiento al mandato judicial.

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