11º-16º
martes | 16 abril | 2024
A falta de novedades acerca de las negociaciones entre el abogado de Aurelia Rey, la mujer de 85 años amenazada con el desalojo, y los representantes del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para encontrarle un nuevo hogar, la situación en el número 9 de la calle del Padre Feijoo parece enfriarse a pasos agigantados. Stop Desahucios ha exigido desde el principio la paralización del desahucio, pero el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se ha encargado de desengañarles. Miguel Ángel Cadenas declaró que “Estamos hablando de ejecutar una sentencia firme y eso, en un Estado de Derecho, es algo habitual, normal y obligado”.
Para la ley, está claro lo que hay que hacer: “Se trata de ejecutar una sentencia firme” de una demanda de desahucios por impago que ha sido ratificada por la Audiencia Provincial. También ha descargado la responsabilidad a la comisión judicial cuyos representantes no lograron sacar adelante ninguno de los dos intentos que acometieron el lunes. Para Cadenas, hicieron lo debido al retirarse porque no debían actuar con “riesgo para su propia integridad física o de las personas que están allí reunidas”. Sí criticó la actuación del bombero que se convirtió en el héroe de la jornada cuando se negó a cortar la cadena con la que los activistas habían asegurado el portal de Aurelia Rey. “La ley nos vincula a todos, todas las leyes, mientras estén en vigor, y no existe el derecho a elegir cuáles se cumplen y cuáles no”.
En cuanto a qué será de la octogenaria una vez desalojada del que ha sido su hogar durante 35 años, Cadenas dejó claro que la es “un problema social subyacente” y “ajeno realmente a lo judicial” que debe limitarse a cumplir al ley. De todos modos, el presidente del TSXG añadió que el juzgado ya había dado cuenta de la situación de la anciana a los servicios sociales.
sin entrevista
Pero los portavoces de Stop Desahucios tienen considerables objeciones a los servicios sociales. Para empezar, rechazan la tesis del concejal del área, Miguel Lorenzo, de que la mejor solución para la anciana es su traslado a una residencia. Señalan que ella no lo quiere así y que ningún asistente social mantuvo nunca una entrevista con la interesada. También rebatieron las declaraciones de la conselleria de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, que aseguró que “desde el minuto uno se está trabajando para que Aurelia tenga una vivienda Digna” porque, según ellos, ningún representa de la Xunta contactó nunca con ella aunque sí hablaron técnicos de IGVS, dependiente de la Xunta, el pasado martes, cuando le propusieron dos viviendas, en Eirís y Novo Mesoiro, que ella rechazó.
La plataforma argumenta esta decisión porque la anciana tiene todos sus “lazos afectivos en el barrio”. También habían señalado en otras ocasiones que el impago es “una acusación falsa” porque solo se había retrasado en abonar el alquiler en un par de mensualidades. La octogenaria declaró que consideraría la oferta de un piso “en A Palloza o por Ciudad Jardín” o una indemnización de 120.000 euros por las reformas que acometió para convertir una buhardilla en el piso en el que vive ahora.
Stop Desahucios apoya en cambio las declaraciones del fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, que pidió un marco legislativo donde los perjudicados se pueden defender de los abusos de los arrendadores.
