9º-16º
miércoles | 24 abril | 2024
El Gobierno local no admitió a trámite los recursos presentados por los propietarios del edificio del número 13 de la avenida de San Roque de Afuera sobre el que pesa una sentencia judicial de demolición desde hace casi diez años.
Esta decisión será refrendada por el Ayuntamiento en la junta de gobierno local que se celebrará esta mañana y se acercará de esta manera un poco más el derribo de este inmueble, sobre el que se desconoce si la demolición afectará a todo el bloque o solo a una parte para adaptarlo al plan general.
Estos afectados presentaron un recurso de reposición solicitando la suspensión de la orden judicial como medida cautelar después del anuncio realizado por la junta de gobierno local hace casi dos meses.
Sin embargo, el Consistorio mantiene su decisión, que respeta la última sentencia emitida sobre este asunto por el Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo número 4 de la ciudad, que data del pasado mes de mayo, y que fue notificada hace dos meses por la junta de gobierno local después de que se le exigiese informar sobre el proceso de cumplimiento de la orden.
Antes ya se habían emitido otras dos sentencias, una en 2016 y la primera de todas en 2008, esta por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y que es la que está a la espera de ser cumplida.
La decisión judicial declaró ilegal la licencia concedida por el Gobierno local en 2002, por aquel entonces con el Partido Socialista al frente, por incumplir el planeamiento general.
A la espera
Con la última sentencia judicial se concedió el plazo de un mes al Gobierno local para informar sobre el inicio de los trámites de ejecución de la orden, aunque por el momento no se explicó la decisión tomada por la Marea.
Para acatar la sentencia judicial existen dos opciones según se explicó el pasado mes de octubre. Por una parte está el derribo total del inmueble, que cuenta con 17 viviendas, o bien la alternativa consistiría en acometer una demolición parcial. En este segundo caso, y de acuerdo a lo asegurado por el propio alcalde, Xulio Ferreiro, supondría la eliminación de entre el 30% y el 40% del bloque para adaptarlo al planeamiento general.
Una vez que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo comunicó la decisión, el Gobierno local se puso a trabajar en la elaboración de informes y estudios para comprobar tanto la opción de la demolición total como la parcial y así dar cumplimiento a la providencia emitida desde el órgano judicial.
A pesar de que la decisión del Ayuntamiento todavía no se hizo pública, el concejal de Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda, Xiao Varela, explicó en el “Dillo ti” celebrado a primeros de mes en Eirís que los informes y estudios ya habían llegado a su conclusión y que se habían decantado por una de las dos opciones, aunque no detalló de cuál se trataba.
Este es un litigio que viene de atrás y ya el Partido Popular había planteado en 2015, cuando estaba en el poder, la demolición parcial para acatar la decisión judicial, pero esta había sido rechazada en los tribunales, de manera que el asunto siguió en compás de espera.
Ahora, la inadmisión del recurso presentado por los afectados podría precipitar que el Gobierno local haga pública la decisión que se seguirá, que deberá ser comunicada a los juzgados para seguir con el cumplimiento de la sentencia de 2008.
Largo proceso
El inicio de este asunto se remonta a la década de los noventa, cuando una de las propietarias de los terrenos donde se iba a levantar el nuevo edificio optó por convertirse en promotora, una de las dos opciones que aportaba la junta de compensación creada por el gobierno dirigido en aquella época por Francisco Vázquez. La otra era conformarse con una permuta de su propiedad.
Sin embargo, finalmente cedió su participación a cambio de una vivienda, que debía contar con setenta metros y con derecho a plaza de garaje y trastero que nunca llegó a tener.
Sin embargo, el problema apareció en el momento en que descubrió que el tendedero no estaba donde figuraba en los planos utilizados para la permuta. Así, este había sido instalado en un patio de manzana al que solo tienen acceso algunos bajos y un hostal, aunque debía estar abierto a todos.
Era el año 2001 y la afectada se puso en contacto con el Ayuntamiento. Entonces una funcionaria de Inspección Urbanística corroboró que el edificio incumplía el Plan General de Ordenación Municipal vigente, que por aquel entonces era el de 1998.
El siguiente paso consistió en presentar una denuncia ante disciplina urbanística y probó a hablar con el teniente de alcalde, pero sin resultado. Entonces emprendió la vía judicial y tras un largo proceso en el año 2008 llegó la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que solicitaba la demolición del edificio.
