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viernes | 19 abril | 2024
El Gobierno municipal asegura que espera por un informe de Patrimonio para legalizar la obra de La Marina, finalizada hace cuatro años, y abonar a la Autoridad Portuaria los 4,8 millones de euros que le fruto de los trabajos.
El alcalde, Xulio Ferreiro, aseguró ayer que el único motivo por el que el Ayuntamiento todavía no pagó al Puerto el dinero es que la obra no se encuentra legalizada.
Que esta situación cambie depende de Patrimonio, a quien según el propio regidor enviaron hace meses toda la documentación relacionada y en María Pita continúan a la espera de una respuesta positiva del organismo para proceder al pago.
“En canto recibamos a proposta de Patrimonio, se todo está correcto, se legalizará e unha vez feito se pagarán as facturas que están pendentes”, explicó ayer Xulio Ferreiro.
En el presupuesto del año pasado se incluyó una partida por valor de 4,8 millones de euros para hacer frente a este pago, pero según el regidor, el motivo por el que todavía no se ha hecho son las discrepancias que encontrar los técnicos municipales entre la actuación prevista inicialmente y el resultado final.
“Non podemos pagar unha débeda que os técnicos municipais entenden que é sobre unha obra non legalizada porque non se corresponde co proxecto inicialmente previsto”, detalló Ferreiro.
Los trabajos de La Marina finalizaron en 2015 y desde entonces la Autoridad Portuaria reclama al Gobierno local que abone los 4,8 millones de euros.
Discrepancias
El asunto provocó discrepancias durante todo este tiempo e incluso ha llegado al juzgado, por lo menos una parte de ella, ya que fue recurrida por el Puerto en un juzgado contencioso-administrativo.
El impago, de acuerdo a fuentes de la Autoridad Portuaria, se divide en dos partes. Esto supone que 3,2 millones de euros corresponden a la urbanización de La Marina en su totalidad salvo los bancos corridos que se instalaron posteriormente para evitar caídas al mar, como las que provocaron dos fallecimientos. Mientras tanto, los otros 1,6 millones de euros son el coste que se debe a las actuaciones llevadas en O Parrote.
La primera de estas dos zonas en las que se divide la obra es sobre la que el Gobierno local mantiene que no se trata de una intervención legalizada y por ello está a la espera de que Patrimonio, organismo dependiente de la Xunta, informe sobre su situación.
La realidad en torno a O Parrote es diferente y el Ayuntamiento señaló en alguna ocasión que no le corresponde hacerse cargo de la urbanización de esta zona, apoyándose en un informe de la Intervención municipal.
Esta es la que plantea las principales discrepancias entre el Gobierno local y la Autoridad Portuaria y por ello fue recurrida el año pasado.
La disputa entre las dos administraciones se mantiene a pesar de que el Ayuntamiento reconoce que es a quien le corresponde hacerse cargo de los servicios de mantenimiento y limpieza de estas zonas.
Además, también utiliza estos espacios, como la explanada de O Parrote, para la organización de actividades y eventos, como el Festival SAL, que se desarrolló el verano pasado. Está previsto que próximamente haya novedades en relación al recurso judicial de la Autoridad Portuaria.
