Los autónomos acusan al Gobierno local de incumplir en 40 días la Ley de Morosidad

La Asociación de Autónomos de Galicia (ATA Galicia) denunció ayer la situación que viven muchos profesionales gallegos, y en particular coruñeses, que sufren retrasos a la hora de cobrar sus facturas con las administraciones y la empresa privada. No obstante, el colectivo hizo hincapié en los incumplimientos de la Ley de Morosidad por parte de ayuntamientos como el de A Coruña. Según los trabajadores por cuenta propia, el Gobierno local de la Marea sobrepasa a estas alturas en 40 días el límite legal.
El presidente de la Federación Nacional de ATA, Lorenzo Amor, visitó ayer A Coruña para hacer balance de la situación de los autónomos gallegos en este inicio de 2017 de la mano de su homólogo en ATA Galicia, Rafael Granados. Así, reveló que la mayoría del colectivo percibe que la economía y, en consecuencia, su negocio mejorarán a lo largo de este ejercicio. Sin embargo, mucho han de cambiar los plazos de pago para asegurar la sostenibilidad de las pequeñas empresas. 
Así, Amor reprochó que en la actualidad en A Coruña la administración local no cumpla con el margen temporal para hacer frente a las facturas que marca la Ley de Morosidad. Si esta norma indica que se ha de pagar en un máximo de 30 días, el Ejecutivo municipal se retrasa hasta “los 70 días”, situándose así tan solo por detrás de Lugo en donde las deudas con los autónomos se acumulan hasta 140 días. De hecho, desde septiembre, en la ciudad la dilación aumentó en nueve días. Vigo sería así la única gran urbe gallega que cumple, dado que se saldan las cuentas con los proveedores en 21 días. Pontevedra sobrepasa poco el límite al colocarse en las 35 jornadas.
Amor puntualizó que a veces los números no coinciden con los que aportan los ayuntamientos porque estos se escudan en que Hacienda les da un margen de 30 días a mayores de los 30 iniciales para convalidad los pagos. Sin embargo, la Ley de Morosidad es la que siguen desde ATA. 
En este sentido, el representante reprochó que “no pagar salga gratis” porque la ley no incluye un régimen sancionador para las entidades públicas (tampoco para las privadas). Por contra, los autónomos que padecen los impagos sí son víctimas de los recargos en sus cuotas si no llevan sus cuentas al día.