Aumenta en casi un 50% el número de coruñeses en arresto domiciliario

La figura del arresto domiciliario todavía no es muy conocida para el público, pero lo cierto es que cada vez es más frecuente en los juzgados coruñeses, que lo consideran tanto una pena para delitos menores como una forma más de prevención, sobre todo cuando se trata de violencia de género. El baremo más evidente son las visitas de inspección que realiza la Policía: solo el cuerpo municipal incrementó en casi un 50% el número de comprobaciones de cumplimiento de esta pena que han efectuado, superando las 200 en 2015. 
El arresto domiciliario o localización permanente es la prohibición de abandonar la casa propia. Se trata de una medida que se impone a un agresor cuando una mujer se siente amenazada por su expareja, sin que haya mediado una lesión grave. Pero también se aplica a menudo en delitos contra la seguridad vial, sobre todo cuando se trata de alcoholemias penales y el sujeto es reincidente, pero no ha causado ningún accidente. En el caso de que haya agotado los puntos de carnet, es un candidato ideal a pasar unos cuantos fines de semana en casa. “En eso el juez lo impone a menudo, normalmente a requerimiento del fiscal”, apuntan fuentes judiciales.  

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“Las visitas las solemos hacer los fines de semana. Una, dos veces”, comentan fuentes policiales. El sujeto tiene la obligación de estar en su casa (o en cualquier otra localización fijada en la sentencia) pero, como a diario se le permite desplazarse para que pueda trabajar, la prohibición cobra peso durante el fin de semana, de ahí sean los días apropiados para las inspecciones, aunque en los casos más graves el juez puede ordenar arresto domiciliario durante la semana y el sábado y el domingo, en un centro penitenciario. “Pero lo normal es que sean solo dos, cuatro fines de semana. A veces 20 días”, comenta un agente. Pero los juristas señalan que  el artículo 37 del Código Penal permite mantener el arresto hasta seis meses.
Los jueces consideran esta medida útil en los mismos casos en los que está recomendado cumplir servicios a la comunidad, porque resulta mucho más fácil controlar a un individuo permanece en su casa que gestionar una tarea en la que sea útil el condenado. “Los trabajos a la comunidad parecen una buena idea a priori, pero resulta que como muchos de los condenados trabajan durante la semana, hay que buscarles algo que hacer durante el fin de semana. Eso significa que tienes que tener a alguien supervisándoles pagando horas extras. Te sale más caro que no tenerlos”, comentan fuentes bien informadas. 
Es la razón por las que las penas de servicios a la comunidad en el caso de los infractores de tráfico se traducen en clases de seguridad vial, en la que se trata de rectificar el comportamiento temerario de estos conductores. En cambio, en el caso de la violencia de género, el arresto domiciliario se ha convertido en una pena a aplicar cuando solo se dan amenazas o lesiones muy leves, sin antecedentes.