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jueves | 18 abril | 2024
Los trabajadores de Alcoa no son los únicos descontentos con el borrador del Gobierno sobre la industria electrointensiva. La empresa ha anunciado que presentará alegaciones al antes de que acabe el plazo el próximo día 27, al considerar el borrador “insuficiente e incierto” para la industria del aluminio en España y poner en riesgo su planta de San Cibrao.
Para la multinacional, este borrador “no aporta la solución que la industria del aluminio primario necesaria en España para su sostenibilidad”, ya que mantendría un “significativo diferencial” en el coste de energía respecto a los demás países competidores.
Además, Alcoa considera que las medidas planteadas por el Gobierno son “inciertas”, porque no ofrecen una garantía sobre la aplicación efectiva de la compensación de costes indirectos de dióxido de carbono (CO2).
Por todo ello, la compañía admite que, si las medidas se limitan a lo que recoge el borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, la viabilidad de su planta de aluminio en San Cibrao, la única que está exenta del ERE que ha aplicado a sus fábricas de A Coruña y Avilés, también estaría en riesgo.
Búsqueda de comprador
Respecto a estas dos plantas, cuyo procedimiento de despidos está a la espera de la búsqueda de un nuevo inversor que se pueda hacer cargo de ellas antes del próximo mes de julio, Alcoa alega que las nuevas medidas incluidas en el borrador también amenazan con truncar el interés de posibles compradores.
En su opinión, las medidas propuestas por el Gobierno “no solo dificultarán la venta de las operaciones de aluminio en Avilés y A Coruña, sino que pondrán en riesgo la viabilidad de la planta de aluminio de San Cibrao”.
Por el contrario, la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, aseguró ayer que el estatuto de las industria electrointensiva “va a permitir llegar al 30 de junio con una garantía de un inversor”, e incidió en que “es en eso en lo que estamos ahora trabajando tanto con la Xunta de Galicia como con el Gobierno de Asturias”.
Maroto recordó que hay actualmente una mesa de seguimiento, que precisamente se reunió este lunes y en la que estuvieron el Gobierno, el comité de empresa y representantes de las dos comunidades autónomas.
A juicio de la ministra, el estatuto de las industria electrointensiva “da una seguridad Alcoa sobre el precio de la energía”, recordando que ello “era un instrumento que Alcoa nos pedía también para poder dibujar esa necesaria inversión que tiene que hacer otra empresa para la compra”.
También, continuó, hay garantía para las 153 empresas electrointensivas del país. “Son más de 150.000 empleos que garantizamos como consecuencia de ese estatuto y creo que hay una garantía mayor de la que teníamos cuando nosotros llegamos”.
Esta visión contrasta radicalmente con la del comité de empresa coruñés de Alcoa, que, tras conocer el lunes el contenido del borrador lo calificó de “tomadura de pelo”, al no diferenciar entre consumidores electrointensivos e hiperelectrointensivos (como las plantas de aluminio, que son las que más electricidad consumen) y aumentar sus compensaciones.
