Albada será la primera empresa que intervenga el Ayuntamiento coruñés

Albada será la primera empresa que intervenga el Ayuntamiento coruñés
Los trabajadores montaron un piquete ante las puertas de Nostián que se mantuvo desde el domingo hasta ayer, cuando se paralizó la huelga | pedro puig

Solo quedan 24 horas para que se agote el plazo dado por el Ayuntamiento a Albada, la concesionaria de la planta de reciclaje de basuras, para que retire el ERTE que afecta al 40% de la plantilla y acepte tratar los desperdicios del área metropolitana más allá del 1 de enero. De lo contrario, el Gobierno local intervendrá la concesionaria, sustituyendo su gerencia por un interventor escogido por el propio Ayuntamiento. En principio, es la medida ideal, porque la empresa sigue trabajando y asumiendo los gastos diarios de gestión, solo que bajo la batuta del Ayuntamiento. Pero se trata de una jugada arriesgada por parte de la alcaldesa, Inés Rey: es la primera vez que el Gobierno local secuestra –el término correcto según la legislación administrativa– una empresa.

Las fuentes del sector sindicalista del reciclaje coinciden en este punto, el de la excepcionalidad de esta medida que el martes anunció la alcaldesa. Rey señaló que al tratarse de “un servicio público esencial que está en grave peligro y donde se está inculcando un ERTE más que cuestionable y se crea un horizonte difícil para una instalación que se considera prioritaria, el Gobierno municipal no se queda de brazos cruzados”.

La alcaldesa tiene la ventaja de que todos los partidos de la oposición (el PP, la Marea Atlántica, el BNG y Ciudadanos) le apoyan, una rara circunstancia para una gobernante, sobre todo en los tiempos que corren. Como señalaron desde Ciudadanos, el artículo 41 del pliego de condiciones de Nostián (como todas) otorga esa facultad al Ayuntamiento, pero el caso es que se trata de la primera vez que se aplica.

Precedentes

Por supuesto, fuera de las estrechas fronteras del municipio, sí se han dado algunos casos. Desde María Pita señalan que los secuestros de empresas se hicieron más frecuentes durante la crisis, cuando algunas quebraron, obligando a los ayuntamientos a hacerse cargo de ellas. Estos ejemplos fueron estudiados por el gabinete jurídico como precedentes.

Tampoco hay que ir muy lejos para encontrar medidas semejantes: este mismo año, el ayuntamiento de Abegondo rescindió el contrato de una empresa de asistencia a dependientes contra la que había numerosas quejas. El personal se subrogó a Servicios Sociales y luego a otra concesionaria. Algo parecido ocurrió en Betanzos, solo que en esta caso el municipio optó por la vía de contrato de emergencia. En ninguno de los dos casos el ayuntamiento se atrevió a gestionar directamente el servicio, y eso que se trataba de empresas pequeñas, no como Albada, que cuenta con cerca de cien trabajadores en sus instalaciones de Nostián.

Durante ocho meses

Si Albada no recula, el Ayuntamiento espera mantenerla intervenida durante ocho meses. Es el plazo de tiempo que los servicios jurídicos y técnicos han establecido conforme a la regulación legal, tiempo durante el que el interventor designado por el Ayuntamiento y será el responsable último de cualquier problema que surja con el procesamiento de la basura o con los trabajadores en unas instalaciones que, aunque son municipales, nunca han sido objeto de gestión pública en sus más de veinte años de existencia, en los que solo ha conocido la concesión de Albada.

De momento, el anuncio de Rey del martes consiguió que los trabajadores votaran ayer en asamblea la suspensión temporal de la huelga indefinida que había comenzado el pasado domingo. Hay que recalcar que se trataba una huelga atípica, sobre todo para el sector, en el que no se llevaron a cabo acciones duras y apenas se interrumpió el flujo de basura a las instalaciones de Nostián. Los ciudadanos coruñeses no sufrieron ninguna molestia, lo que se puede achacar a la buena sintonía de los trabajadores con el Ayuntamiento, que siempre declaró estar de su lado.

Pero tampoco Albada ha reaccionado de forma beligerante y hay que recordar que muchas de estas medidas interventoras son acordadas precisamente con la empresa, para evitar problemas legales y conseguir una transición más suave. Es verdad que muchas de las demandas de la concesionaria, una UTE filiar de Urbaser, se hallan judicializadas y que Albada aún puede hacer alegaciones, por lo que nada es seguro todavía. l

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