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miércoles | 24 abril | 2024
Técnicos de la Consellería de Medio Ambiente pudieron constatar ayer que no se había sellado el vertedero de Nostián, una obra que debería haberse finalizado el día 30 del mes pasado, para cumplir con su autorización ambiental. “A partir de ahí se abrirá un expediente que es administrativo y, en todo caso, sería sancionador de no ocurrir el milagro de que este fin de semana estuviese sellado”, detalló la conselleira, Beatriz Mato.
La apertura del expediente tardará un par de días –los necesarios para que los técnicos elaboren su informe–, pero Albada, la UTE (Unión Temporal de Empresas) concesionaria de la planta alegó ya que la responsabilidad es del Ayuntamiento, porque se negó a aprobar un proyecto de sellado, algo que le corresponde como propietario de las instalaciones, a pesar de que Albada lo solicitó reiteradamente.
Curiosamente, fue el propio alcalde, Xulio Ferreiro, el que solicitó a la Xunta que interviniera para obligar a Albada a sellar el vertedero. El motivo del enfrentamiento es que cerrar el depósito de basuras tiene un coste estimado de 3,5 millones de euros y el Gobierno local cree que debería costearlo la UTE, mientras que la empresa de reciclaje sostiene que los fondos deberían salir de las arcas municipales.
La Xunta, en un primer momento, había determinado que el sellado debía costearlo el municipio, pero la resolución fue recurrida y la responsabilidad recayó sobre Albada. Esta también recurrió, y pidió que se suspendiese la orden de sellado, pero sin suerte: su recurso fue rechazado.
Ahora, la empresa alega que el Ayuntamiento es el que debe aprobar el “proyecto del sellado de las celdas 2 y 3 del depósito controlado de residuos sólidos urbanos en Nostián como titular del servicio y de la planta de reciclaje, de la que UTE solo es concesionaria. La base de la alegación de Albada está clara: hasta que el Ayuntamiento no apruebe el proyecto de sellado, con su correspondiente presupuesto, no se les puede imputar el incumplimiento de la orden de la Administración autonómica, lo que supone una infracción administrativa que conlleva cuantiosas sanciones para la empresa.
“No puede mirar para otro lado y esperar a que la Xunta haga lo que está haciendo. Como titularidad tiene la obligación de instar a la empresa a que cumpla con la autorización ambiental”, recalcó ayer Mato al respecto del papel del Ayuntamiento coruñés en este asunto.
Pero, aunque se solucionara el conflicto en el más breve plazo posible, el cierre del depósito a cielo abierto tardaría todavía mucho tiempo en llevarse a cabo. No solo se trata de las obras en sí, sino de su licitación y demás trámites burocráticas. Por eso en el requerimiento de la Consellería de Medio Ambiente, fechado en febrero de 2016, establecía un plazo de un año para que se ejecute el proyecto de sellado por parte de la entidad explotadora, así como la realización de las modificaciones precisas.
En realidad, el problema se remonta a mucho tiempo atrás: el primer vaso de rechazos (material que no puede ser reciclado) se llenó en 2001, solo un año después de comenzar a recibir desperdicios. Y los otros dos vasos de rechazos llegaron al máximo de su capacidad en el año 2007, cuando ya acumulaba una cantidad de 1,18 millones de metros cúbicos de materia inorgánica:
Albada recibió la confirmación del proyecto de sellado del Ejecutivo gallego en noviembre del año 2010, pero ni el Gobierno local bipartito ni el del Partido Popular llegaron a ejecutar el presupuesto. Ahora llega el turno de la Marea Atlántica. l
