10º-19º
sábado | 20 abril | 2024
El Juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña ha admitido a trámite la querella presentada por el colectivo Frente Cívico Somos Mayoría contra la Autoridad Portuaria de la capital herculina por las obras del túnel de La Marina, informan a Efe fuentes judiciales.
En el auto, con fecha 28 de noviembre, se solicita al Ayuntamiento toda la documentación relativa a planes, autorizaciones y resoluciones adoptadas para la ejecución de este proyecto en la Avenida de Alférez Provisional, La Marina, el Parrote y el Paseo Marítimo, precisa Frente Cívico en un comunicado.
Asimismo, insta a informar sobre la incidencia de las obras en espacios especialmente protegidos o sobre zonas verdes y las resoluciones adoptadas sobre el particular, añade el colectivo, que ha expresado su satisfacción por la continuación de este proceso judicial.
El pasado 5 de noviembre, Frente Cívico Somos Mayoría de A Coruña presentó una querella contra la Autoridad Portuaria por un supuesto delito contra la ordenación del territorio por las obras de la Marina.
Según el colectivo, tanto la Autoridad Portuaria como el Ayuntamiento de A Coruña han actuado "a sabiendas de que se estaba incumpliendo la ley", lo que considera "inadmisible para organismos públicos que deben velar por su cumplimento".
Sostiene además que es "inmoral" que "despilfarren millones de euros en una obra mientras hay otras necesidades mucho más urgentes para la ciudad más endeudada de Galicia".
La acción penal se dirige contra los técnicos directores de las obras de la Marina, contra los constructores, contra las autoridades o funcionarios de la Autoridad Portuaria de A Coruña que hayan informado a favor de alguno de los trámites de aprobación, adjudicación o ejecución de la obra y los que hayan resuelto favorablemente alguno de los trámites de este proceso.
Específicamente, la querella se dirige, entre otros, contra el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada; el portavoz municipal, Julio Flores; los presidentes de la Cámara de Comercio de A Coruña, Marcelo Castro-Rial, y de los empresarios herculinos, Antonio Fontenla.
El documento pide la condena a los querellados como autores de un delito contra la ordenación del territorio a las penas previstas en el Código Penal, con hasta cuatro años de prisión, y la demolición de la obra, así como una fianza de 600.000 euros, importe que el colectivo Frente Cívico considera necesario para reponer los terrenos afectados a su estado previo al inicio de las obras.
