Jueves 15.11.2018

El abecé de la operación “Zeta”

La investigación sobre las supuestas irregularidades de Caype, la confederación estatal de autónomos, destapó en el año 2012 toda una red de empresas y entidades sin ánimo de lucro creadas y orientadas al único fin de hacerse con contratos y subvenciones y repartirse el pastel del dinero público destinado a la formación. El sumario coloca al empresario Gerardo Crespo y el hostelero Eliseo Calviño en el centro del entramado, que salpica a la Consellería de Traballo y a algún alto cargo del Partido Popular.

Calviño y Bello, en un acto con la titular de la Consellería de Traballo, de la que salieron buena parte de las subvenciones defraudadas
Calviño y Bello, en un acto con la titular de la Consellería de Traballo, de la que salieron buena parte de las subvenciones defraudadas

Para comprender el alcance de la trama investigada en la operación “Zeta” conviene ir al inicio, puesto que es ahí donde se vislumbran algunas de las claves de cómo operaba esta red ilegal para nutrirse de dinero público, que según los investigadores lideraban el empresario coruñés Gerardo Crespo y el hostelero Eliseo Calviño, y que tiene ramificaciones en toda España y alcanza a altos cargos públicos.
El sumario fija ese inicio en la comparecencia que a finales de 2011 realizan ante la Policía dos exempleadas de Calviño para denunciar las prácticas irregulares de la organización sin ánimo de lucro de la que este imputado era presidente, Caype, la confederación de autónomos. La investigación concluye que el modo en que se manejaba esta formación para recibir fondos públicos y justificarlos de forma fraudulenta refleja la mecánica de los implicados en la trama, en la que hoy están imputadas siete personas, entre las que se cuentan los dos empresarios, varias empleadas de Crespo y el presidente de la federación de autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez Bello, cofundador de Caype. La instrucción se ha llevado por delante también a varios cargos públicos: el exdirector xeral de Traballo Odilo Martiñá, el que fue jefe territorial de Traballo, Luis Alberto Álvarez Freijido, y, anteriormente, otro jefe de servicio de la Xunta, Joaquín Vila Sampayo, tras salir a la luz indicios de que cobraban de la red urdida por Calviño y Crespo para captar subvenciones.
Porque las pesquisas revelan que el funcionamiento de Caype es ejemplo de un entramado mucho mayor, con tentáculos que alcanzan la mayor parte de las comunidades de España y tocan a las más altas instancias. La confederación, según concluye la Policía, es una entidad “vacía”, construida y mantenida para captar subvenciones –su única forma de subsistencia– a través del fraude, que la lleva a conseguir estatus de ente representativo de cara a las administraciones y así poder recibir subvenciones públicas, a pesar de carecer de actividad o asociados.

azetanet
Es en este punto donde entra Gerardo Crespo, dirigente de la empresa de la consultoría y la formación Azetanet y fundador de toda una serie de asociaciones sin ánimo de lucro, empresas y fundaciones –algunas de ellas ficticias– que, según revela el sumario, tienen como única actividad ser beneficiarias directas de dinero público y contratos con la administración.
Cuando las extrabajadoras denuncian las artimañas con las que Caype sustenta su economía ya mencionan a las empresas de Crespo como parte fundamental del fraude. Según exponen, la organización de autónomos vive únicamente de las cuantiosas subvenciones que percibe del Gobierno y la Xunta para la realización cursos de formación, cursos que justifica a través de las empresas de Crespo, que proveen de las facturas falsificadas y se quedan con el grueso del dinero público, mientras su presidente, Calviño, obtiene un sustancioso sueldo pese a carecer su entidad de ánimo de lucro.
Este es, según la documentación que conforma el sumario, uno de los mecanismos mediante los cuales la trama fraudulenta logró hacerse con unos 20 millones de euros de dinero público. Para ello, el modelo de funcionamiento de Caype se exporta a otras organizaciones, para tejer lo que la Policía describe como “un sistema organizado y coordinado para conseguir fondos públicos falseando requisitos, condiciones y documentos”; una vez obtenidos los fondos para los cursos, creen los investigadores que estos se malversan con “pactos ilícitos para su reparto y posterior uso privativo”.

concursos
En ocasiones, entidades impulsadas por Crespo y adjudicatarias de las ayudas subcontratan la realización de los programas de formación a empresas del propio Crespo; en otras, pactan con las beneficiarias un pago procedente de esos fondos públicos. En algún caso, y según destapa la instrucción, el empresario crea de la nada asociaciones “fantasma”, con la única finalidad de acceder al dinero público.
Otro de los mecanismos para la captación de dinero público que atisban los investigadores  está en la adjudicación a las empresas de Crespo de concursos públicos. La pertenencia al PP y los muchos contactos de este imputado, además de sus prácticas para intentar influir en funcionarios y cargos públicos explica, a ojos de los investigadores, la “laxitud” de las administraciones en el control de sus fondos, y el éxito de sus tejemanejes. 

Comentarios