“Mientras hubo prosperidad se bajó la guardia y la corrupción se disparó”

Hace poco más de un mes que el magistrado Morán Llordén dejó el decanato de Ferrol para incorporarse como nuevo titular del juzgado de penal 5 de A Coruña.

Después de 22 años como juez de instrucción, ¿qué le lleva a abandonar la primera línea de investigación penal?

Realmente, había muchísimas razones profesionales para cambiar de destino y prácticamente ninguna para permanecer en Ferrol. Llevaba muchos años en destinos de instrucción y ya llegaba el momento de buscar una nueva experiencia en labores de enjuiciamiento de delitos, que hasta ahora no había desarrollado más que eventualmente. También estábamos en vísperas de grandes cambios en la administración de Justicia y dos de los órganos que parece que van a estar afectados son los juzgados de instrucción y los juzgados decanos. Precisamente, al ser yo decano y juez de instrucción, consideré que era el momento de afrontar el cambio.

Entre esos cambios se contempla la desaparición de los juzgados de instrucción y el traspaso de competencias en la investigación al fiscal...

Creo que es una mala idea y estoy en contra. Por dos razones: la primera es la situación actual de dependencia política del Ministerio Fiscal respecto del poder ejecutivo; solamente hay que pensar adónde hubiera llegado la instrucción del caso Nóos si la hubieran llevado los fiscales... La incardinación del fiscal en el poder ejecutivo es clara y creo que eso va a traer problemas de independencia. Luego, la segunda razón es que la instrucción del fiscal ya se está cuestionando en toda Europa por un problema esencial, que es que rompe la igualdad de armas en el procedimiento penal, y las defensas tienen menos oportunidades que las acusaciones.

Otra reforma en ciernes es la que afecta al órgano de gobierno de los jueces, y no cuenta con la aprobación de la mayoría de ellos...

La reforma que está planteando el Gobierno y que está ya en las cámaras es el ataque más grave a la independencia judicial que se ha producido en España durante la trayectoria democrática. Por un lado, va a empeorar manifiestamente el estatuto profesional del juez, pero en segundo lugar, el Consejo General del Poder Judicial, de ser un órgano constitucional queda totalmente limitado y privado de competencias, y pasa a ser casi casi una dirección general del Ministerio de Justicia. Muchísimas de las competencias actuales del Consejo se pasan al ministerio, lo cual se va a traducir en una menor independencia.

¿En qué se concretará?

Hay un ataque directo a las asociaciones judiciales, que al fin y al cabo son una de nuestras expresiones democráticas. Los pocos cargos democráticos que hay dentro de la carrera judicial, como el juez decano, también se suprimen... Limita mucho la poca democracia interna que tenemos en la carrera judicial y va a perjudicar notablemente la independencia de los jueces.

Y estos cambios, al ciudadano, ¿le afectan?

Al final, él es quien va a ver el mayor perjuicio. Los jueces lo veremos en nuestras expectativas profesionales, pero el que más lo va a sufrir es el ciudadano cuando en la justicia los problemas se agraven en vez de solucionarse.

Otra reforma, la Ley de Tasas, parece que también tiene como víctima a la población. ¿Ve razonables las tasas?

La filosofía de base de la Ley de Tasas podía no ser mala. España tiene un gran problema de litigiosidad: con prácticamente la mitad de población que Francia tenemos casi el doble de asuntos judiciales y eso es una disfunción. Hay que reducir el volumen porque es inasumible para la administración y las tasas podían ayudar a reducir la litigiosidad junto con otra serie de medidas. El problema es que el modelo que se ha seguido no es correcto.

¿Qué falla?

Las tasas en la segunda instancia podían ser admisibles pero no lo son en la primera instancia, ya que eso limita el acceso del ciudadano a la Administración de Justicia. Y hay cierto carácter de aplicación indiscriminada en algunos casos, y en otros, discriminaciones por razones de carácter demagógico, como puede ser el caso de las víctimas de violencia de género: pienso que habría que mirar también en esos casos la capacidad económica y no solo eximirles por el mero hecho de ser víctimas. Es fundamental ver la capacidad de pago de las personas y buscar criterios de proporcionalidad para que las tasas no sean más altas, por ejemplo, que la sanción que se recurre.

Pero, ¿era el momento de gravar todavía más al ciudadano?

En algún momento había que bajar la litigiosidad porque no podíamos seguir así. Si no se van a dedicar más recursos a la Administración de Justicia y el volumen de asuntos continúa igual o aumenta vamos a ir a una especie de “crack” del sistema porque es inasumible esta carga de trabajo. Haber establecido unas tasas de naturaleza limitada, y centradas sobre todo en la segunda instancia, no hubiera sido una mala idea. Pero creo que el modelo que se ha implantado es francamente deficiente. En ese sentido, estoy de acuerdo con las protestas y las reivindicaciones que hacen los colegios profesionales de abogados.

Se exigen nuevos sacrificio en un momento en que cada día saltan casos de corrupción de políticos. Usted ha investigado algunos de esas tramas. ¿Qué está pasando?

Lo que ha pasado es que se bajó la guardia durante muchísimos años y la corrupción se disparó. No solamente en la clase política; empezó a haber una especie de metástasis en la función pública, sobre todo en los funcionarios de entidades locales, y, claro, los casos de corrupción han ido a estallar en el momento en que se produce la crisis económica. Mientras hubo prosperidad se transmitió la idea de que nunca pasaba nada. Durante años se dejaron ir.