“Están acabando con la democracia, parece que el Estado de Derecho estorba”

“Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado (...) o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa”. El abogado Fernando Nieto cita en la conversación la Ley de Azcárate para introducir una de las problemáticas sociales que han impulsado la creación de la asociación profesional Alaga, de la que él es presidente. Es esta una norma que se reguló en 1908 para la represión de la usura, y su vigencia se hace evidente en tiempos en los que las ejecuciones hipotecarias por impago a los bancos dejan sin casa en España a más de un centenar de personas a diario. “Pero a día hoy, el Tribunal Supremo dice que hasta el 40% de intereses no se considera usura”, apunta Nieto.

en un escaso año de gobierno, gallardón ha demostrado ser el peor ministro de justicia de la democracia

El comentario sirve para anticipar los principios fundacionales de Alaga, la Asociación Libre de Abogados de Galicia, creada hace apenas un mes. “Nacemos para reivindicar la abogacía y defender la justicia como servicio público”, responden casi al unísono Pablo Arangüena y Beatriz Núñez, vicepresidente y secretaria de la entidad, que en poco más de un mes ha conseguido reunir el apoyo de más de un centenar de socios en toda Galicia.

“Como asociación –proclaman– aspiramos a enganchar a todos los profesionales que estén comprometidos con nuestras causas: la justicia como un servicio social y la defensa de la abogacía”.

ataque frontal

Si los desahucios y las “necesarias” reformas en la Ley Hipotecaria, o la dignificación del turno de oficio son recurrentes en la charla, el nombre del ministro de Justicia sale nada más preguntar a la directiva de Alaga por los motivos que llevaron a estos abogados a asociarse: “Los últimos movimientos del Gobierno estatal nos llevan a constituirnos (...) En el escaso año de gobierno que llevamos, Gallardón ha demostrado ser el peor ministro de Justicia de la democracia, se nota que no ha pisado un juzgado”. Y focalizan: “Nacemos por el ataque frontal que suponen las últimas reformas gubernamentales, en especial, la ley de tasas”.

no es proporcional que para acudir a la justicia, una persona tenga que pagar lo mismo que un banco

Esa norma, aprobada “a traición” el día de la huelga general, supone, a ojos de los profesionales de Alaga, “un ataque brutal al Estado de Derecho”. “Son un bloqueo de la justicia. Están acabando con la democracia, parece que el Estado de Derecho estorba”, elucubra Arangüena.

Al Estado de Derecho, recalcan, y a la ciudadanía: “Esta ley ha suscitado el rechazo de todos los operadores jurídicos: asociaciones de jueces, colegios profesionales... Pero a quien fundamentalmente va a afectar es a los ciudadanos, porque va a generar una justicia de dos velocidades, la de los ricos y la de los pobres”.

Tienen argumentos para tal afirmación. Como exponen, la imposición de una tasa para litigar, por ejemplo, con un banco, va a disuadir de entrar en pleitos a las clases medias –solo los más pobres pueden acceder a la justicia gratuita– por una razón: no podrán permitírselos. “A lo mejor, lo que había que aplicar son tasas especiales a las compañías de seguros y la banca”, expone Nieto, al entender que estas entidades ya no tendrán que llegar a acuerdos amistosos con los usuarios porque saben que el ciudadano no tendrá capacidad económica para reclamar. “No es proporcional que para acudir a la justicia una persona tenga que pagar lo mismo que una empresa”, opina.

incosntitucionalidad

Pero la Ley de Tasas también supone, a ojos de los letrados de Alaga, una afrenta a la Constitución, y es por eso que entre sus propósitos está exigir al Defensor del Pueblo (y a los partidos políticos en la oposición) la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la misma.

Al tiempo, ellos se comprometen a ser combativos: “Porque nos jugamos mucho, la sociedad y también los profesionales de la justicia”. Ya han llevado su oposición a las tasas judiciales a la manifestación del 14N, y no descartan promover una huelga en el turno de oficio si no se da marcha atrás a la norma, ya aprobada. De forma simbólica, también barajan declarar al ministro de Justicia “persona non grata”.