La UE dice que la exención del IBI a Navantia puede considerarse ilegal

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respondió ayer a la pregunta del Contencioso-Administrativo nº 1 de Ferrol respecto a la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles a Navantia. Considera que esta medida puede ser considerada ayuda de Estado y por lo tanto incumplir el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Deberá ser el propio juzgado ferrolano quien decida si, con la documentación que tiene sobre el caso, se le aplica esta calificación, aunque ya la propia pregunta implica un posicionamiento por parte de la sala local que, en este sentido, había fallado a favor de las posiciones municipales con anterioridad.
El Ministerio de Defensa y Navantia reclaman al Concello de Ferrol desde hace años que renuncie a cobrar el IBI por la superficie de más de 900.000 metros cuadrados que ocupa el astillero en la ciudad. “El Concello de Ferrol percibió la cuota del IBI, cuyo importe se elevaba a 590.308,77 euros en 2010, en relación con los ejercicios anteriores al año 2008”, explica la resolución. “En el ejercicio 2008 y sucesivos, el Estado español y Navantia solicitaron al Concello de Ferrol la exención fisical del IBI adeudado (...), solicitud que fue denegada”. Es este rechazo por parte del gobierno local el motivo de un litigio con recorrido por diferentes organismos. El Contencioso-Administrativo de Ferrol desestimó la reclamación de la empresa en favor del Concello en una sentencia de  noviembre de 2011, pero fue de-sautorizado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en octubre de 2012 revocó esa decisión. Ahora la Unión Europea respalda que la exención del impuesto puede ser ilegal porque altera la libre competencia dentro de sus fronteras al favorecer la posición económica de Navantia.
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, pide a la empresa que “abandone a vía xudicial e inicie a vía do diálogo” ante la resolución del tribunal europeo. “Para o Concello de Ferrol o ideal é chegar a un acordo con Navantia, e esa é a disposición da Administración municipal partindo da base de que é unha obriga de calquera persoa ou empresa cumprir coas súas obrigas fiscais”, dice.
 
la sentencia
La decisión de la sala séptima del Tribunal de Justicia de la Unión Europa considera que “puede constituir una ayuda de Estado, prohibida (...), la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de una parcela de terreno perteneciente al Estado y puesta a disposición de una empresa de la que éste posee la totalidad del capital y que, en esa parcela, produce bienes y presta servicios que pueden ser objeto de intercambios comerciales entre los Estados miembros en mercados abiertos a la competencia”.
Entiende que se dan las cuatro circunstancias a las que se refiere el artículo 107 del Tratado del Funcionamiento de la Unión al tratarse de “una intervención del Estado o mediante fondos estatales”, porque puede “afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros”, proporciona “una ventaja selectiva a su beneficiario” (Navantia en este caso) y además falsea o amenaza falsear la competencia.
En diversos artículos de su argumentación el tribunal europeo habla de una “ventaja económica a Navantia” y de “un trato fiscal ventajoso” que lo colocaría en “una situación financiera más favorable que la de los demás contribuyentes” y dándole una posición “a la que no tienen derecho otras sociedades”.