11º-14º
jueves | 25 abril | 2024
Si se emplean términos deportivos, y más concretamente de pruebas como el atletismo o la natación, podría considerarse lo de ayer como una salida nula.
El gobierno local había convocado para esta fecha la celebración de la Comisión Especial de Contas con el objetivo de informar del resultado de la Conta Xeral correspondiente al ejercicio 2012, un trámite que se repite cada año y que concluye cuando se eleva al pleno de la corporación municipal para su aprobación definitiva.
Pero lo de ayer ya empezó mal desde la pasada semana. Hay que recodar que el gobierno convocó la comisión el pasado jueves, con escasos cinco días de margen para que los miembros de los grupos de la oposición pudieran examinar el documento del que se iba a hablar en dicha reunión.
Fue entonces cuando el BNG emitió un comunicado en el que se quejaba de este proceder del ejecutivo presidido por el popular Ernesto Anido y le comparaba con el que fuera alcalde durante casi tres décadas –la mayoría bajo las siglas del PP–, Ramón Rodríguez Ares.
Los nacionalistas se quejaban de que no tenían tiempo de examinar la Conta Xeral, lo denunciaron en los medios de comunicación y, posteriormente, presentaron un escrito en el Ayuntamiento en el que decían que se estaba incumpliendo una ley autonómica en la que se deja claro que son al menos 15 los días de antelación con los que hay que convocar la comisión.
mea culpa
Con estos antecedentes, se celebró la reunión. A ella no asistió el exalcalde y portavoz del BNG, Abel López Soto –el más crítico en los plenos con la actuación del gobierno local–, quien fue sustituido por el concejal Carlos Rodríguez Silvar. Asimismo, estuvieron la portavoz socialista Raquel Bolaño, el edil del PDSP José Ángel Sánchez, la concejala de Hacienda, María Núñez y el propio Anido. El representante de Apsi, Fernando Campos, tampoco compareció.
Y, junto a ellos, el interventor y el secretario municipales. Los dos funcionarios jugarían de hecho un papel destacado en el desarrollo de la comisión. El primero, el responsable del departamento encargado de realizar la Conta Xeral; el segundo, el encargado de velar por la legalidad en el Ayuntamiento.
Realmente, el escrito presentado el pasado sábado por el BNG advirtiendo de que no se cumplían los plazos previstos fue el único punto que se trató ayer, ya que ni siquiera se habló de una sola cifra del trabajo económico de Intervención porque su debate quedó sobre la mesa. Es decir, para otro día.
“As contas e a documentación complementaria estarán a disposición dos/as membros da comisión para exame e consulta como mínimo 15 días antes da reunión”, se puede leer en el artículo 212.4 de la Lei 5/1997 del 22 de julio de la Administración Local de Galicia, como recuerdan desde el BNG, grupo que asegura que esta prueba vulnera y anula la convocatoria. No obstante, la comisión no se desconvocó, de ahí que ayer se celebrara, pero sí se decidió que quedara para otra ocasión.
Es más, el propio interventor reconoció que había sido un error suyo, por lo que entonó el mea culpa delante de todos los portavoces, por lo que afirmó que se estimaba en su totalidad el comunicado del grupo municipal nacionalista.
Pero no se quedó ahí. El secretario le lanzó un capote a su compañero y sugirió que él pudo también haberse despistado y lamentó el hecho de no darse cuenta antes del incumplimiento de ese artículo de la ley.
Sea como fuere, la Conta Xeral ya no podrá ir al pleno ordinario de este mes, que tendrá lugar el jueves 31, ya que no da tiempo por los plazos legales a seguir, por lo que se incluirá en la sesión de noviembre.
