Sada pide la convocatoria extraordinaria de la comisión de expertos sobre Meirás

No han pasado ni dos días desde que los siete nietos de Francisco Franco provocaran la indignación de la ciudadanía gallega al anunciar su intención de vender As Torres de Meirás. Las autoridades no tardaron en cuestionar la pretensión de los herederos por el alcance de la posible operación y porque colisiona con una demanda social más viva que nunca en Galicia. En un país en que la salvaguarda de la memoria histórica se ha convertido en una obligación, el anuncio de los Franco está suscitando un sinnúmero de declaraciones que, por primera vez, muestra cierta unidad –aunque con matices en cuanto al derecho de tanteo de la Xunta y a la vía de la expropiación– entre las distintas secciones de la política y la sociedad, que se resume en el absoluto rechazo a la inicitiva encabezada por Carmen Martínez-Bordiú y Francis Franco.
Este último, Señor de Meirás desde 1989, declaró al diario “ABC” que “el pazo no está a la venta todavía, pero lo estará” y todo apunta a que el proceso comenzó con el encargo de una tasación de la propiedad, como paso previo a la salida al mercado, aunque de momento no informó a la Xunta.
Así, el Ayuntamiento de Sada ya ha solicitado al Gobierno de Feijóo la convocatoria “extraordinaria e urxente” de la comisión de expertos constituida en noviembre sobre el Pazo de Meirás para concluir las posibles alternativas que permitan que este Bien de Interés Cultural pase a engrosar el patrimonio público de Galicia.
El edil de Urbanismo y Empleo, Francisco Montouto, como representante del municipio sadense en la Comisión de Expertos del Pazo de Meirás, solicitó, específicamente, un encuentro para, en la medida de la posible, “acelerar e concluír unha análise xurídica de alternativas e actuacións dos poderes públicos en relación coa eventualidade da venda do pazo” de Meirás, y “definir e concretar unha solución para que se incorpore al patrimonio público”, precisó el Ayuntamiento de Sada.

Garantías
El Gobierno de Portela sostiene que la “urxencia da situación non admite dilacións nin demoras” para determinar “cando e como” el Pazo de Meirás debe pasar al patrimonio público, así como los “efectos legais” derivados, en su caso, de la “nulidade da adquisición da propiedade por Francisco Franco Bahamonde sobre la venta anunciada agora” por los descendientes de su única heredera, Carmen Franco Polo.
En esta misma línea, señala que la Xunta “conoce perfectamente o réxime de tutelas e garantías en suposto de transmisión dun BIC”. “Como tamén –precisa la nota municipal– é coñecedora da vergoña da detentación, polos herdeiros do ditador, da propiedad do Pazo de Meirás”.
Con todo, en las últimas horas, el investigador Carlos Babío, autor de la publicación “Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio” y portavoz de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, reprobó el posicionamiento de Portela al “demandar da Xunta de Galicia que exerza o dereito que ten de tanteo e retracto sobre o Pazo de Meirás” pues implica que “do erario público se transfira á conta dos Franco 8 millóns de euros” o, lo que es lo mismo, “(re)pagar por un botín de guerra...”, indicó Babío.

Declaración BIC
Además, la Xunta insistió en numerosas ocasiones en que no está dispuesta a pagar para que el inmueble pase a dominio público y, en este sentido, conocidas las pretensiones de los Franco, la Consellería de Cultura indicó que “a vontade política de Galicia manifestada no acordo parlamentario do pasado 27 de setembro de 2017, céntrase en procurar incorporar ao patrimonio público a propiedade das Torres de Meirás, sen que a dita incorporación ao patrimonio público implique un novo custo para o pobo de Galicia, que xa o asumiu no ano 1938”.
Los responsables autonómicos entienden que “se trata dun acordo que reflexa o sentir xeral da sociedade galega de non pagarlle a familia Franco por Meirás”.
El Gobierno de Pérez Touriño declaró el inmueble Bien de Interés Cultural (BIC) en 2008. La familia se opuso a esta decisión, pero un proceso judicial que culminó en 2010 con una sentencia del Tribunal Supremo ratificó esa decisión de la Xunta.
En cualquier caso, el Ayuntamiento de Sada “se anticipó” a una posible venta del Pazo de Meirás en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) en vigor desde hace solo unas semanas, donde se recogen restricciones de uso e impide que se venda para “fines especulativos”, recordó el alcalde sadense, Benito Portela.