SADA - La justicia anula la licencia de dos edificios con 58 viviendas en Sada

El Juzgado de lo Contencioso número 3 de A Coruña acabad e anular, a través de una sentencia, la licencia de construcción que poseían dos edificios en el centro urbano de Sada y en los que hay un total de 58 viviendas.
Esa licencia fue concedida en el año 2005, cuando era alcalde Ramón Rodríguez Ares, ya con el PDSP. No obstante, ambos inmuebles no se terminaron de construir hasta tres años después, en 2008, con el BNG y el PSOE ya al frente de la administración local.
Es más, el BNG había interpuesto la denuncia por esa licencia que había otorgado Rodríguez Ares, aunque las obras continuaron una vez que López Soto accedió a la alcaldía.
La promotora que se hizo con la licencia de construcción fue O Meu Lar, que obtuvo el permiso para levantar dos bloques y el mencionado número de viviendas que se dividían en 20 en uno de los inmuebles –que da a la avenida de Sada y sus Contornos– y 38 en el otro, cuyo frente da al camino de Fiunchedo.
Por después de que se diera la licencia municipal para realizar las obras, se recibió en los juzgados coruñeses una denuncia –el BNG incluso presentó un recurso de reposición en el Ayuntamiento– al entender que se estaba construyendo sobre suelo urbano no consolidado y que, además, existía un exceso de aprovechamiento urbanístico en el que da al camino de Fiunchedo.
Cuando el BNG entró en el gobierno local en 2007 no se paralizan las obras, que en ese momento comenzaban a levantar el segundo edificio. De hecho, los nacionalistas aseguraron en su día que habían pedido un informe que fue favorable, por lo que los trabajos siguieron adelante.
Entonces fue un vecino el que presentó una denuncia en la que pedía que se declarase la caducidad de la licencia y que cese la actividad ya que, como señalaba, se estaban cometiendo diversas infracciones en materia urbanística.
El actual gobierno local, dirigido por el popular Ernesto Anido, tampoco otorgó la licencia de primera ocupación a estos dos edificios con el objetivo de salvaguardar los intereses de los posibles compradores frente a las consecuencias que se pudieran derivar en un futuro en temas judiciales.