9º-15º
jueves | 25 abril | 2024
Contaba con licencia de primera ocupación y, aún así, el chalé construido en el lugar de Pazos en 2006, fue declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en 2010. Ahora, la Fiscalía ha solicitado al Ayuntamiento sadense el expediente relativo a estos permisos.
El motivo por el que ahora el fiscal exige esta información es la denuncia presentada ante la propia Fiscalía y ante el Valedor do Pobo por la afectada. Al parecer, según explica el gobierno local, esta vecina acudió a Urbanismo antes de realizar la compra para interesarse por la situación de la vivienda, “estos le informaron que todo estaba correcto”.
Sin embargo, continúan desde el Ayuntamiento, “más tarde se vio obligada a entablar un procedimiento judicial contra los promotores para lograr la devolución de las cantidades de dinero adelantadas por la compra”.
El gobierno local suma esta situación a las “numerosas licencias otorgadas entre 2005 y 2006” que después han sido anuladas por los tribunales. Añaden una excepción a este caso: puesto que la interesada acudió a informarse al Ayuntamiento y le negaron que la licencia fuese ilegal, se podría dar un hecho “constitutivo de delito”.
La Fiscalía, añaden desde el gobierno local, además de la documentación oportuna, “también solicita la justificación de los motivos por los que este conjunto edificatorio se incorpora al plan general”.
En su escrito, explican desde el Ayuntamiento, el ministerio describe las sanciones penales a las que podrían enfrentarse las personas que concedieron dichas licencias “contrarias a las normas urbanísticas, a sabiendas de su injusticia, motivo por el cual recaba informe del Ayuntamiento de Sada relativo a los partícipes en el procedimiento de concesión de la licencia de obra declarada nula”, exponen.
Revisión de oficio
La sentencia del TSXG confirmaba la sentencia de 2005 que declaraba ilegal una urbanización de diez viviendas unifamiliares en el lugar de Pazos. Este aval de Superior acarreaba la orden de demolición de las casa.
Se da la circunstancia que, en este caso, la Xunta y el Valedor do Pobo habían solicitado una revisión de dicha licencia en 2006, ya que consideraban estos organismos que incumplía la normativa urbanística.
A pesar de este requerimiento, el gobierno de aquel entonces, presidido por Ramón Rodríguez Ares, no realizó este nuevo examen a los permisos oportunos por lo que la Consellería de Política Territorial emprendió acciones legales que llevaron a que el contencioso declarase nula la licencia, fallo que ratificó después el TSXG.
La urbanización constaba de diez casas en una superficie de 3.500 metros cuadrados en suelo de núcleo rural.
