12º-17º
martes | 14 mayo | 2024
La desestimación, por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de los recursos del Ayuntamiento y de la promotora para no derribar dos edificios en el centro urbano de Sada –uno da al camino de Fiunchedo y el otro a la avenida de Sada y sus Contornos–, ha sido objeto de críticas estos últimos días por parte del alcalde, Ernesto Anido, hacia su exsocio de gobierno, el grupo municipal del PDSP.
Este, tras escuchar las declaraciones de Anido, en las que desde el pasado sábado transmite un único mensaje, como es el de achacar la sentencia a la “nefasta” política urbanística del exalcalde y líder de Sada Popular, Ramón Rodríguez Ares, ha dicho basta y ha dado su versión de los hechos.
La licencia, que fue otorgada durante el último período de Ares al frente del gobierno local (2004-2007), contaba, según el PDSP, “con todos los informes técnicos y jurídicos favorables”.
Un aval de los servicios municipales que, como recuerdan, “aparece expresamente mencionado en los fundamentos de derecho de la sentencia”, un fallo que dio posteriormente lugar al recurso ante el TSXG.
desesperación
Sada Popular explica la reacción de Anido, o la “tergiversación”, como lo califican, en el “reflejo de la desesperación de un político que sabe que solo le quedan unos meses en el cargo”.
Desde el PDSP creen que esa desesperación de la que hablan, “acaso unida a la ignorancia en materia jurídica”, añaden, “puede llevar a Ernesto Anido a culpar a los dos principales grupos de la oposición de las consencuencias de la sentencia que anula la licencia” para la construcción de los dos edificios anteriormente citados.
Hay que recordar en este sentido que, además de reprochar al PDSP la licencia que concedió durante aquel mandato, Anido también recrimina al gobierno del BNG y PSOE (2007-2011) que no hiciera nada por paralizar la obra, lo que a su juicio ha generado el problema actual.
El PDSP defendió su actuación en aquella ocasión ya que, como señalaron, en el caso de haber ignorado unos informes favorables, tanto jurídicos como técnicos, “emitidos por funcionarios competentes en esas materias”, hubieran incurrido en un delito de prevaricación.
Por último, insistieron en lo que ya han manifestado varias veces: no apoyarán el PGOM que irá a pleno en breve.
