11º-16º
martes | 16 abril | 2024
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña no atendió a la solicitud de la empresa Pirotecnia Rocha-Areas SL, que fue precintada hace exactamente dos meses por orden del alcalde, Ernesto Anido, por carecer de las licencias municipales correspondientes, para poder reanudar su actividad en el marco de una “medida cautelar urgente”.
No obstante, la sala acordó en un fallo emitido el pasado día 2 “no apreciar la especial urgencia para suspender el cese de la actividad y precinto de las instalaciones” de esta compañía, que está situada en el lugar de Mandín, concretamente en la parroquia de Soñeiro, en el término municipal de Sada.
Hay que recordar que el pasado 10 de octubre se produjo una explosión en la compañía como consecuencia de que, durante la quema de unos rastrojos, el fuego alcanzó alguno de los materiales inflamables que utilizan en la empresa.
Un ruido que se escuchó en varios centenares de metros a la redonda y que hizo que los efectivos del Servicio de Emergencias Municipal (SEM), que tienen su sede próxima a la nave de Pirotécnica Rocha, acudieran de inmediato a comprobar qué había ocurrido.
A raíz de aquello, el alcalde dio orden de precintar las instalaciones, actuación que se llevó a cabo por la falta de licencia de actividad. Ernesto Anido ordenó el precinto ya que la industria de Soñeiro había recibido ya el pasado mes de mayo el aviso de cese de actividad por la falta de permisos.
De este modo, la orden del alcalde se produjo “como consecuencia de la desobediencia, por parte de los responsables de esa empresa, de la orden de cese de actividad dictada el pasado 6 de mayo, tras comprobar que las instalaciones carecían de la preceptiva licencia”, tal y como señalaron desde el consistorio sadense.
Con motivo de aquella explosión, el gobierno local advirtió que la empresa podía estar realizando algún tipo de actividad relacionada con la pirotecnia para la que no tenía permiso, por lo que la orden de precinto no se hizo esperar y fue inmediata.
En ese escrito municipal se informaba a los dueños de la instalación de que, en el caso de incumplir esta orden de Alcaldía, el Ayuntamiento podría proceder a la imposición de multas coercitivas.
